El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ha resuelto la apertura de juicio oral contra el candidato del PP a la alcaldía de Orihuela, Pepe Vegara, al que el Ministerio Fiscal le acusa de delito continuado de falsedad en documento mercantil y dos delitos contra la Hacienda por fraude de IVA e impuesto de sociedades.
Vegara está acusado, junto a otras tres personas, de «orquestar un ilícito plan con tal de, a través de la formalización de un contrato de compraventa de agendas publicitarias y la expedición de diferentes facturas, crear unos gastos deducibles ficticios que disminuyeron considerablemente los beneficios del ejercicio» para pagar presuntamente menor impuesto de sociedades.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso la agencia EFE, Hacienda habría dejado de ingresar hasta 917.935 euros por estas «maniobras y deducciones defraudatorias y fraudulentas empleadas por la Estación Inspección Técnica de Vehículos».
Venta de 100.000 agendas telefónicas de publicidad de ITV, pactando un precio de 17 euros pero siendo vendidas por el fabricante a 1,31 euros la unidad
El texto recoge que los tres acusados de la empresa contactaron con un cuarto acusado, «quien plenamente consciente de las intenciones, vendió a la mercantil un total de 100.000 agendas telefónicas de publicidad de ITV para su posterior entrega a los clientes de la mercantil, pactando un precio de 17 euros.
No obstante, afirma que los cuatro acusados sabían la «irrealidad y mendacidad de este precio», ya que la mercantil fabricante había vendido las mismas a 1,31 euros la unidad.
La Fiscalía recoge también que la Hacienda Pública dejó de ingresar 760.591,12 euros por el Impuesto de Sociedades en 2005 y hasta 157.396,80 euros por el IVA.
Por ello, acusa tanto a Vegara como a los demás acusados de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y por otro contra la Hacienda Pública tanto por el IVA como por el Impuesto de Sociedades.
Además de proponer siete años de prisión para los acusados, el Ministerio Fiscal pide la multa de más de 1,1 millón de euros a los cuatro acusados por el dinero que dejó de percibir la Hacienda Pública y por los intereses de demora.