La defensa de los intereses hídricos de la provincia centro ayer miércoles el pleno de la Diputación de Alicante en el que, por un lado, se aprobó, sin votos en contra, la nueva organización de la Comisión Provincial del Agua y, por otro, una moción del grupo Popular, en este caso con el apoyo de todos los grupos políticos, para instar al Gobierno de España a autorizar el trasvase Tajo-Segura para regadío y a impulsar un Pacto Nacional por el Agua.
Respecto a la nueva composición de la Mesa del Agua, aprobada con el voto favorable de los grupos PP y Ciudadanos y la abstención de los Grupos PSPV y Compromís, la propuesta inicial, que preveía la incorporación como vocales de forma permanente de la Comunidad de Murcia y de la Diputación de Almería, fue modificada y ambas administraciones entrarán a formar parte de una comisión específica sobre la defensa del trasvase Tajo-Segura, en la que también podrán participar todas aquellas entidades de especial interés que se considere. Además, la designación de ocho vocales por parte del presidente de la Diputación se realizará a propuesta conjunta de los grupos políticos.
El Tajo-Segura fue también objeto de la moción presentada por el Grupo Popular en la que se insta al Ejecutivo Central a autorizar el trasvase de agua para regadío. Tras incorporar una enmienda de Compromís, la propuesta fue aprobada por unanimidad.
La moción, defendida por la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, reclama al Gobierno que apruebe este trasvase “dejando de lado los criterios sectarios y partidistas” y le insta a abrir un proceso político de negociación y adopción de un Pacto Nacional del Agua.
Libre elección lengua vehicular
Por otra parte, el Grupo Popular aprovechó el pleno ordinario del mes de enero para defender de nuevo el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular en la educación de sus hijos. Para ello, reclaman al Consell que derogue los artículos de la Ley del Plurilingüismo que supongan la vulneración a las excepciones contempladas en la Ley de Usos y Enseñanza del Valenciano de acuerdo a la singularidad del territorio en el que se reside.
“El Estado no puede sustituir a las familias con el único objetivo de imponer un ‘modelo único en valenciano’ y acabar con el derecho de las zonas castellano hablantes”, defendió el diputado del Gobierno de la Diputación, Miguel Ángel Sánchez, quien ha solicitado, además, a la Conselleria de Educación a que cualquier instrucción que se le dé a los centros educativos “sea por escrito para dar respaldo jurídico a los mismos”. De esta forma, criticó la propuesta que el conceller Vicent Marzá hizo a los centros durante una reunión celebrada recientemente en Orihuela “en la que con toda falta de rigor proponía el incumplimiento de la norma”.
Finalmente, la moción defendida por el grupo Popular, con el apoyo de Cs y el voto en contra de PSOE y Compromís, insta a que se aprueben los proyectos lingüísticos de centro en base a la planificación, los resultados académicos y una consulta vinculante a las familias y a que el Consell vele por que haya una oferta suficiente en castellano y valenciano “para que las familias puedan ejercer su derecho a elegir la lengua en la que quieran que sus hijos sean escolarizados”.
