viernes, 6 diciembre 2024
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Belmonte pide que la Generalitat se abstenga en la votación de su revocación al frente del Consorcio de residuos

Un total de 15 representantes de municipios de la Vega Baja gobernados por socialistas, a excepción de Catral (APC) y Daya Vieja (Compromís), registran la celebración de un pleno extraordinario para cesar a Teresa Belmonte y encumbrar al alcalde socialista de Dolores, José Joaquín Hernández, como nuevo presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible

La alcaldesa de Bigastro, del Partido Popular,  y presidenta del Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible, Teresa Belmonte, ha salido al paso este jueves tras las últimas declaraciones del alcalde de Dolores, del PSOE, José Joaquín Hernández, en las que anunciaba el proceso para provocar la destitución de Belmonte al frente de la presidencia para que precisamente sea el propio Hernández quien se convierta en el próximo presidente del Consorcio. Recordemos, el alcalde de Dolores ha aglutinado el apoyo de otros 14 responsables de ayuntamientos de la Vega Baja gobernados por el PSOE, a excepción de Daya Vieja (Compromís) y Catral (Alternativa Por Catral). En esta comparecencia, el primer edil de Dolores avanzó que la Generalitat Valenciana era partidaria del cambio en la presidencia.

Pues bien, hoy Teresa Belmonte ha pedido que la Generalitat Valenciana se abstenga en la votación del próximo pleno extraordinario en el que se pedirá su revocación previsiblemente a partir de la segunda quincena de julio. Según fuentes del propio Consorcio de Residuos de la Vega Baja, sería la primera vez en la historia de los 13 Consorcios, que hay en la Comunidad Valenciana, en que la Generalitat influye hasta el hecho de provocar la revocación en una presidencia.

Teresa Belmonte, presidenta Consorcio Vega Baja Sostenible

Belmonte ha recordado que una sentencia judicial obliga a que sea la UTE Cespa Ortiz la que asuma la gestión de residuos en la comarca y además, según Belmonte, se encuentra en procesos de negociación con la empresa adjudicataria porque el contrato firmado en 2013 está tasado de acuerdo a la situación económica y a la ley medioambiental del momento y ahora se está buscando “un equilibrio económico adaptándolo a la nueva legislación”.

Sobre la no apertura de planta de transferencia de Dolores después de un año de la finalización de las obras, Belmonte apunta que las licencias de obra y medioambiental están en los tribunales y que le corresponde precisamente al Ayuntamiento de Dolores la concesión de la licencia de actividad para que pueda empezar a funcionar.

Teresa Belmonte, presidenta Consorcio Vega Baja Sostenible
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