El Juzgado de Instrucción de Orihuela ha citado a declarar a Luisa Boné, actual concejala de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Orihuela, y a su compañero de Ciudadanos, Ángel Noguera, edil de Infraestructuras, en calidad de investigados por un posible delito de prevaricación administrativa, tras una denuncia que interpusieron, el pasado mes de diciembre, los concejales de Cambiemos ante la Fiscalía Anticorrupción. Según advierte Cambiemos, existirían supuestas irregularidades en los contratos para el mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques y jardines de Orihuela Costa.
Según ha adelantado el Diario Información y ha podido contrastar Vega Baja Digital, la citación entró ayer lunes en el registro del Ayuntamiento y emplaza a Boné y Noguera a declarar el próximo 13 de marzo a las 10.00 horas para tratar unos hechos que, según la denuncia, se produjeron en la etapa en la que Boné fue edil de Playas (2017-2019), y Noguera concejal de Infraestructuras (2019- actualidad).
Esta denuncia también se extiende a Juan Ignacio López-Bas (Ciudadanos), concejal de Infraestructuras entre 2017 y 2019; Sabina Goretti Galindo (PP), edil de Contratación desde 2019 hasta la moción de censura del pasado mes de abril, y Francisco Manuel Sáez Sironi (PP), de Contratación entre 2017 y 2019. Sin embargo, estos últimos tres concejales de anteriores corporaciones no han sido citados a declarar.
Valoración de Cambiemos en Vega Baja Digital
La concejala María García Sandoval, en declaraciones a este medio, sostiene que este servicio se lleva prestando sin contrato desde hace más de cinco años. El servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques y jardines de Orihuela Costa se inicio en 2011 y finalizó su última prórroga en febrero de 2017. Por tanto, la concejala de Cambiemos pide la dimisión tanto de Luisa Boné como de Ángel Noguera, y en caso no hacerlo, que el PSOE tome cartas en el asunto.
Cambiemos recuerda que ya denunció esta situación cuando gobernaban PP y Ciudadanos durante esta legislatura. La formación ha comentado que este servicio cuesta a la ciudadanía unos 750.000 euros al año. García Sandoval apunta que los implicados «hacían la vista gorda».
La edil de Cambiemos Orihuela también ha criticado “una práctica sospechosa que se estaba convirtiendo en algo habitual”. Según Sandoval, se estaban adjudicando, en Juntas de Gobierno, pequeñas actividades a otras empresas, cuando ya esas actuaciones estaban contempladas en el contrato anual de la empresa concesionaria del servicio.