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Explican que el equipo de gobierno ha pagado informes externos que copian los mismos argumentos de la empresa
Cambiemos Orihuela ha informado de los últimos pasos de la Comisión Informativa no Permanente relacionada con el contrato de Ciclo Hídrico en el municipio, mostrando preocupación por lo que entienden son «nuevas maniobras dilatorias del Gobierno Local para ocultar y normalizar la ilegalidad que planea sobre los contratos del agua».
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa informó que los contratos deben considerarse nulos desde 2008
Desde la formación recuerdan que esta comisión especial nació en febrero de 2020 propuesta de PP-C’s, justo después de que Cambiemos elevase una propuesta para iniciar la nulidad de los contratos con empresa. Una propuesta que se basaba en el informe emitido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa a petición del Juzgado de Instrucción nº3 de Orihuela, que abrió una investigación tras denuncia de Cambiemos. El portavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé, ha indicado que dicho informe aseveraba que los contratos vinculados al ciclo hídrico en manos de la empresa debían ser considerados nulos desde 2008.
Finalmente, la comisión informativa fue convocada el pasado viernes por el portavoz municipal Rafael Almagro (PP) para analizar los nuevos informes encargados por el Gobierno Local que «sospechosamente repiten o asumen» los mismos argumentos de la empresa para plantear que no hay ninguna ilegalidad e incluso que Cambiemos Orihuela tiene mala fe.
Por su parte, el edil también de Cambiemos, Javier Gracia, ha indicado que «es evidente que, al menos, la segunda de las prórrogas, que se hizo en 2004, es ilegal, intolerable y una desfachatez que el Gobierno lo intente ocultar». Además, el edil señala que con las informaciones vertidas en la comisión y en la investigación previa, se ha evidenciado que tanto las prórrogas como las subidas de precios de los últimos años son «doblemente fraudulentas» puesto que la empresa amortizaba sus inversiones mucho antes de lo que planteaban las prórrogas cuya duración venía fijada por la empresa, argumentando que esos eran los plazos que necesitaba para amortizar las inversiones.