Cambiemos Orihuela volverá a elevar al Pleno municipal una propuesta para acelerar la recuperación de las parcelas irregularmente ocupadas por el Obispado y que actualmente se encuentran privatizadas por parte del centro diocesano Santo Domingo. La formación ya elevó una moción sobre este mismo asunto en diciembre de 2021, «una moción rechazada por PP, C’s y VOX pero que, paradójicamente, obligó al anterior gobierno a moverse a regañadientes, dado que el exconcejal de Patrimonio, firmó un requerimiento al Obispado una semana después de que registrásemos la moción» recuerda Carlos Bernabé.
Cambiemos se remite a la iniciativa de diciembre de 2021 para recordar los «antecedentes, causas y consecuencias de este robo, el enésimo, que el Obispado ha realizado contra el pueblo de Orihuela, en este caso ocupando fraudulentamente suelo público que podríamos destinar a usos que beneficiaran a toda la población, no sólo a la minoría que acude a un centro privado».
La nueva moción se centra en «acelerar y materializar» la reocupación pública de los terrenos
«La apatía del anterior Gobierno de PP-C’s, la opacidad del Sr. Bascuñana en sus relaciones urbanísticas con el Obispado y el fallido intento de permuta, que era una estafa, realizado por el Sr. Almagro en 2019, son indicios suficientes para afirmar que el anterior Gobierno Local no tenía ninguna voluntad de dar respuesta a este problema protegiendo el interés general. Al contrario, la intención del Gobierno de Bascuñana era, una vez más, engordar el negocio de una empresa privada a costa de la riqueza pública», afirma Carlos Bernabé. Una dinámica que, a juicio de Cambiemos, explicaría por qué entre 2015 y abril de 2022, fecha en la que el PP fue desalojado de la alcaldía, no ha dado ningún paso «tangible» para dar respuesta a este «latrocinio».
Al mismo tiempo, «el Obispado continúa intentando estafar a Orihuela con ofertas de permuta que son un insulto y que evidencian que la diócesis se parece más a los mercaderes del templo que al mensaje cristiano», señala Bernabé. Por ello, la formación propone que se proceda a la reocupación inmediata de las parcelas por parte del Ayuntamiento y que, para no perjudicar innecesariamente a la comunidad educativa del centro diocesano, se le ofrezca al Obispado un alquiler de los terrenos con un precio que parta de valores de mercado e incluya un sobrecargo por el perjuicio económico y social sufrido por el municipio durante los últimos 20 años al perder el uso de esos suelos. Este régimen de arriendo debería operar únicamente en «horario lectivo» y prolongarse «únicamente el tiempo necesario» para que el colegio diocesano adapte su proyecto a la nueva realidad de sus infraestructuras.
«Nosotros defendemos una salida justa, que restaure la legalidad y que tenga con la comunidad educativa del colegio afectado la generosidad que el Obispado nunca ha tenido con Orihuela. Pero esos suelos tienen que repercutir sobre toda la población y estudiantes de Orihuela, no beneficiar solo a los usuarios de un centro privado».