sábado, 15 junio 2024
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Carlos Mazón se reúne con los alcaldes afectados por el recorte del Tajo-Segura

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se reunió este jueves con más de una veintena de alcaldes de la provincia -algunos de la Vega Baja- afectados por el recorte del trasvase Tajo-Segura con la finalidad de alcanzar acuerdos y unificar acciones de trabajo en la elaboración de las alegaciones al ETI (Esquema de Temas Importantes) del Plan Hidrológico del Tajo.

El encuentro, en el que también han participado la vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, el diputado provincial, Adrián Ballester, así como el director y el secretario del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo y Andrés Molina, respectivamente, se ha saldado con el compromiso institucional de buscar el consenso de municipios y sectores contra esta medida que afectará al abastecimiento de agua de un millón de personas en la provincia.

Tal y como insistió Serna, «esta disposición no repercute solo en la agricultura, sino que afecta al abastecimiento humano». La vicepresidenta segunda, quien recordó que la Diputación celebró la semana pasada una reunión con las comunidades de regantes implicadas y ayer hizo lo propio con los alcaldes, expuso que actualmente hay 35 municipios que se proveen de agua de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, es decir, «hablamos de un millón de personas, cifra que en periodos estivales se incrementa en 700.000 usuarios».

La diputada de Ciclo Hídrico concretó que «en ocasiones, el 60% de los caudales del Taibilla depende exclusivamente del trasvase Tajo-Segura, por tanto, el perjuicio económico para los ciudadanos sería considerable, ya que si nos hacen dependientes de las desaladoras el coste sería superior».

En este sentido, explicó que el metro cúbico de agua trasvasada cuesta 12 céntimos, mientras que el de la desalada asciende a 60 céntimos, además del coste energético, cuatro veces superior en la desalación. «Entendemos que es importante que tanto regantes, sociedad civil, como alcaldes y municipios unamos fuerzas en este sentido y vayamos por el mismo camino», reclamó, al tiempo que puntualizó que «de lo que se trata es de coordinar las alegaciones que presentaremos”. Para ello, la institución provincial ha solicitado al Instituto Universitario del Agua la elaboración de unas fichas personalizadas mediante ítems con el fin de que las comunidades de regantes, localidades y sectores afectados las cumplimenten.

Finalmente, Ana Serna reiteró que «el volumen de los caudales ecológicos está bien como está y no hay por qué aumentarlo. De hecho, los profesionales que nos asesoran así nos lo trasladan, por tanto, estamos ante una amenaza real y tenemos que dar una respuesta real a los ciudadanos».

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