El exalcalde de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, ha sido condenado a 4 años, seis meses y un día de prisión y 11 de inhabilitación por delito de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa al apropiarse de 312.000 euros que abonó el promotor de un plan urbanístico como agente urbanizador entre los años 2005 y 2006. La sentencia ve probadas irregularidades en la tramitación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la creación de un nuevo sector urbanístico y la apropiación de esta cantidad de dinero que abonó el promotor de ese plan.
La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante dicta también condena al exsecretario municipal a dos años de prisión por el mismo delito y cinco de inhabilitación por delito de malversación. Asimismo, se le condena a otros cuatro años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa cometido por omisión.
La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo de la Comunitat Valenciana, establece que José Joaquín Moya deberá indemnizar además al Ayuntamiento de Bigastro con 162.000 euros, así como, conjuntamente con el otro acusado, con otros 150.00 euros.