La Guardia Civil de Alicante ha detenido en Formentera del Segura a tres hombres de nacionalidad británica de 30, 46 y 63 años como presuntos autores de haber formado una plataforma ilegal de televisión que facilitaba la distribución fraudulenta de canales de pago a medio millar de clientes extranjeros por toda la Vega Baja.
Los hechos ocurrieron cuando el titular de una finca de Formentera del Segura tuvo que acudir a la Guardia Civil de Almoradí cuando descubrió que alguien había colocado en su propiedad una antena parabólica de grandes dimensiones, anclada con gran cantidad de cemento, e imposible de retirar sin la maquinaria precisa.
Los agentes que realizaron la inspección técnico-ocular siguieron la senda del cable, que finalizaba tras atravesar la pared de una nave fuera de uso. Una vez conocida la identidad del inquilino de la nave, la Guardia Civil centró todos sus esfuerzos en desglosar las actividades ilícitas a las que se dedicaba este individuo, que no eran otras sino las de facilitar el acceso de forma pirata a canales de televisión de pago, a través de una empresa de plataforma de televisión digital que había montado junto a un instalador y un informático.
En menos de un año de creación, estas tres personas habían conseguido cerca de medio millar de abonados, todos extranjeros, por la comarca.
Los ingresos semanales, todos en dinero no declarado, oscilaban entre los 500 y los 3.000 euros de beneficios, hasta hacer un total de 450.000 euros.
En los dos registros que se realizaron, en la nave de Formentera del Segura y en una vivienda de Rojales, la Guardia Civil incautó grandes cantidades de receptores satélites, decodificadores, moduladores, reproductores, antenas parabólicas y material susceptible de ser utilizado en instalaciones para nuevos clientes. Todo valorado en unos 40.000 euros.
Finalmente la Guardia Civil de Almoradí ha detenido al cabecilla de la organización, que residía en el Reino Unido la mayor parte del año, junto a los otros dos, el ingeniero y el informático. A todos ellos se les acusa como presuntos autores de un delito contra la hacienda pública, un delito contra la seguridad social, un delito de blanqueo de capitales, un delito de usurpación de bienes inmuebles, otro delito contra la propiedad industrial y un último delito de pertenencia a grupo criminal.
Tras su paso por el Juzgado, los tres detenidos han quedado en libertad con cargos.