viernes, 23 agosto 2019
Sucesos

Detectan infracciones urbanísticas en Orihuela y Pilar de la Horadada

egislación que regula la Ordenación del Territorio y el Urbanismo. Para ello, los agentes han realizado vuelos en helicóptero por toda la provincia, junto con el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, llevando a cabo un total de 31 inspecciones para la investigación de la comisión de posibles delitos contra la ordenación del territorio, así como también, para la vigilancia y control de las actividades relacionadas con urbanismo. Mediante estas inspecciones, se ha podido comprobar la adecuación de los actos de edificación y uso del suelo a la normativa urbanística y territorial aplicable, descubriendo igualmente, la existencia de una serie de edificaciones/construcciones que, por su situación actual y aspecto exterior, parecían recientes y no legalizables. En tres las localidades afectadas en la comarca de la Vega Baja se encuentran Pilar de la Horadada y Orihuela. Tras un análisis minucioso de la casuística de cada una de las diferentes situaciones encontradas, se ha verificado que dichas edificaciones estaban ubicadas en terreno clasificado como no urbanizable protegido, ámbitos protegidos de la Red Natura 2000, concretamente de Lugares de Importancia comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Como resultado de estas irregularidades observadas, se ha puesto a disposición judicial a un total de 22 personas, como presuntos autores de delitos contra la Ordenación del Territorio y el Urbanismo. Además, se han realizado numerosas denuncias administrativas a las Leyes de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de Vías Pecuarias y de Aguas. Los importes de dichas denuncias van de los 300 a los 3.000 euros, si la infracción es leve, de los 3.001 a los 30.000 euros, si la infracción es grave y de los 30.001 al millón y medio de euros, si ésta es considerada muy grave. Por todo ello, se ha solicitado a la autoridad competente el requerimiento de incoación de expediente de reposición de la legalidad urbanística y restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o transformada como consecuencia de las actuaciones ilegales.]]>

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