Los representantes de la Generalitat Valenciana, al igual que las entidades de regantes alicantinas más representativas, votaron el pasado viernes a favor de la memoria del Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura para el período 2022-2027 durante la reunión del consejo del agua de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) celebrada en Murcia.
En ese texto, encabezado por el logotipo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto al nombre de la propia CHS, se realiza un exhaustivo análisis de la situación que incluye, entre otras muchas cosas, una detallada referencia a las consecuencias negativas que supondría para la demarcación del río Segura una modificación de las reglas de explotación de la infraestructura del trasvase Tajo-Segura.
En ese supuesto, unido a otros factores como el cambio climático o el aumento de transferencias a la llanura manchega, y en los términos que a día de hoy prevé el plan hidrológico del Tajo, sometido actualmente a consulta pública, la disminución del volumen de agua transferido se elevaría a 105 hm3/año. El efecto de ese descenso sobre las zonas regables del trasvase, según se alerta literalmente en la memoria, supondría “un coste económico, social y ambiental totalmente desproporcionado para esta demarcación”.
El secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, que junto al director general del Agua, Manuel Aldeguer, el subdirector general de Planificación e Infraestructura Hidráulicas, José Vicente Benadero, y el subdirector general de Ordenación de Territorio y Paisaje, Vicente Doménech, acudió en representación del Consell a la reunión celebrada en Murcia, manifestó que el referido informe “alerta de manera precisa sobre las consecuencias negativas que tanto sobre la superficie de cultivo, como sobre las cifras económicas o el empleo tendría la modificación de las normas del trasvase y especialmente aquellas referidas a los caudales ecológicos, por eso, al igual que los regantes alicantinos, desde la Generalitat apoyamos ese análisis”.
Del mismo es coincidente la opinión con el llamamiento explícito que se hace en las consideraciones finales de la memoria al señalar que “en estas condiciones un mínimo principio de precaución y cautela aconseja seguir manteniendo, en la medida de lo posible, un mix de recursos superficiales continentales que no difiera mucho de la situación actual”.
Medidas positivas
Asimismo, Llanes destacó y valoró en términos muy positivos que en el referido texto se recojan también las alusiones al esfuerzo inversor de más de 667 millones de euros destinado tanto a conseguir mayores volúmenes de agua desalada mediante la ampliación de las redes de distribución como a reducir el precio de la tarifa que abonan los usuarios”. Algunas otras de las medidas contempladas hacen referencia a una reducción del canon de trasvase o iniciativas en materia de prevención de inundaciones dentro del Plan Vega Baja Renhace, tal como solicitó la Generalitat.