Este pasado viernes, en la sala de Plenos de la diputación provincial de Alicante, se ha celebraba el Pleno de constitución del Consejo de Participación Ciudadana del Consorcio Vega Baja Sostenible A6. Este órgano institucional funcionará como un enlace entre las entidades ciudadanas y el consorcio, aportando información y nuevos puntos de vista para agilizar y dar mayor transparencia a la gestión de residuos.
“Hoy es un día histórico para este consorcio, pues comienza la andadura de su Consejo de Participación Ciudadana,” ha declarado la presidenta del Consorcio Vega Baja Sostenible Teresa Belmonte en su discurso de apertura. “Un órgano que representa un modelo de gobernanza basado en la transparencia y en la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas de desarrollo y gestión de los servicios públicos esenciales.”
Composición del Consejo de Participación Ciudadana
El Consejo de Participación Ciudadana que hoy empieza está formado por ocho representantes del tejido asociativo de la Vega Baja, como sindicatos, asociaciones de vecinos u organizaciones ecologistas. El Consorcio se alinea así con las asociaciones comarcales buscando, en palabras de su presidenta Teresa Belmonte, “resolver para siempre el problema de residuos en la Vega Baja.”
Los ocho colectivos representados en este órgano participativo son Recicla Alicante Cooperación NS, Ecologistas en Acción PV, la Asociación Amigos Humedales del Sur de Alicante, la Asociación Segura Transparente Vega Baja, Asociación de Propietarios y Vecinos Punta Prima, la Asociación Vecinos San Miguel Arcángel y los sindicatos Intersindical y CCOO.
Carlos Arribas, el representante de Ecologistas en Acción PV, ha asumido la secretaría del Consejo de Participación Ciudadana, con Manolo Gómez de la Asociación Vecinos San Miguel Arcángel como vicesecretario.
A los vocales del tejido asociativo, se suman los cuatro miembros elegidos por la Junta de Gobierno del Consorcio Vega Baja Sostenible: cuatro responsables políticos que representan los ayuntamientos de Albatera (PP), Daya Vieja (Compromís), Granja de Rocamora (Ciudadanos) y Los Montesinos (PSOE).
La presidenta Teresa Belmonte ha subrayado la responsabilidad que ahora comparte con los miembros del Consejo de Participación ciudadana: “Tenemos la obligación de poner en marcha un contrato para la gestión de nuestros residuos que proviene de modelos de gestión desfasados y de legislación derogada, debiendo adaptarlo a la actual realidad normativa y tecnológica cumpliendo con las exigencias de los principios medioambientales irrenunciables para todos nosotros.”