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La presidenta del Consorcio Vega Baja Sostenible, Teresa Belmonte, ha manifestado que incluso se está estudiando con la Generalitat Valenciana la posibilidad de no tener que disponer de un vertedero en la comarca si se cumple con unos porcentajes de reciclaje y valorización que Europa ha planteado en su calendario
Desde el 2015, Consorcio y Ayuntamientos afectados han estado batallando en los juzgados tras la resolución del contrato con la UTE Cespa Ortiz, encargada del proyecto de la construcción de una planta de tratamiento de residuos en la Vega Baja. A principios de 2019, el presidente del consorcio por aquel entonces, el alcalde socialista de Rafal, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo sin consultar a la Junta de Gobierno y fuera de plazo de su mandato para paralizar el proyecto de un macrovertedero, según afirma Teresa Belmonte, actual presidenta del Consorcio Vega Baja Sostenible. Hace tres meses, según los alcaldes socialistas participantes del Consorcio, se conoció que el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso de casación pero se hizo público desde el Consorcio la semana pasada.
Proyecto de plantas de tratamiento en polígonos industriales
Al no admitir a trámite el Tribunal Supremo dicho recurso ahora se tiene que ejecutar el contrato, tal y como afirma Teresa Belmonte, quien afirma que con la nueva normativa de tratado de residuos en la Comunidad Valenciana impide que sea una planta única a modo de macrovertedero y se apuesta por un modelo de gestión en polígonos industriales. De hecho, Belmonte ha apuntado que ya han contactado con ayuntamientos de la comarca para conocer la disponibilidad de terrenos. El modelo de estas plantas, según Belmonte, no generará ni ruidos ni olores y estarán diseminadas por la comarca siguiendo el principio de solidaridad que rige al Consorcio. Asimismo, también ha avanzado Belmonte que se está estudiando con la Generalitat la posibilidad de no tener que disponer de un vertedero en la comarca siempre y cuando se cumplan unos porcentajes en reciclaje y valorización que Europa fije.
Además, Belmonte ha afirmado que existe un acuerdo con la UTE Cespa Ortiz por el que desistirá de todos los procedimientos legales anteriores en curso (incluidas las indemnizaciones), una vez se ejecute el contrato por sentencia.