El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que recoge los planes hidrológicos nacionales, incluido el plan del Tajo, que incluye la fijación de caudales ecológicos progresivos hasta 2027. Una medida necesaria, según la Vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para cumplir con las exigencias legislativas europeas, a la vez que se ha comprometido con atender la demanda de agua que está haciendo el campo de Alicante.
Teresa Ribera asegura que el cambio climático prevé escenarios de sequía para los que hay que estar preparado y como el caudal ecológico obliga a limitar el agua trasvasada, toca buscar alternativas para garantizar que el agua llega al sur de la Comunidad. Para ello el Ejecutivo tiene previsto invertir 22.000 millones de euros en infraestructuras hídricas en los próximos 5 años.
Atender las recomendaciones del dictamen del Consejo de Estado y participación de la Generalitat Valenciana en el seguimiento de las inversiones
Sobre el dictamen del Consejo de Estado que le afeaba al Gobierno la forma en la que se debatió los planes de cuenca en el Consejo Nacional del Agua y que le instaba a dar participación a los principales actores en la toma de decisión, la Vicepresidenta asegura que quieren atender a las recomendaciones de ese dictamen con la creación de comisiones de seguimiento de la situación ambiental del Tajo y del ritmo de inversiones con participación de cada una de las comunidades autónomas, entre ellas la valenciana.
En ese sentido, el Gobierno ha modificado la disposición adicional novena del real decreto que se refiere a la coordinación de los planes hidrológicos relacionados con el trasvase por el acueducto Tajo-Segura. Es en este capítulo donde ha introducido la constitución de la comisión bilateral con cada comunidad autónoma «con el fin de realizar el seguimiento de las masas de agua y de la sostenibilidad de los aprovechamientos en el ámbito del trasvase Tajo-Segura, así como del programa de medidas asociado en el ámbito de cada comunidad autónoma afectada, sea cedente o cesionaria».
Además se ha incluido un artículo nuevo, la Disposición final tercera relativa a la actualización de la instrucción de planificación hidrológica. En este artículo se insta a fijar «criterios técnicos y metodologías para la determinación de los caudales ecológicos para el conjunto de las demarcaciones hidrográficas», corrigiendo uno de los reproches que le hacía el Consejo de Estado en el dictamen de la pasada semana.
Teresa Ribera ha vuelto a insistir que se implantarán los caudales ecológicos de forma progresiva para que dé tiempo a realizar todas las inversiones y obras para garantizar que haya agua siempre. Asegura la vicepresidenta que en el peor escenario el caudal ecológico obligará un recorte máximo del trasvase Tajo-Segura de 110 hectómetros cúbicos que serán perfectamente suplidos por los más de 140 hectómetros procedente de la depuración, la reutilización y sobre todo la desalación.
En ese sentido la vicepresidenta ha apostado por interconectar las desaladoras y respecto al elevado precio del agua desalada ha anunciado que la semana que viene se fijará hasta los 34 euros por hectómetro cúbico mientras se acometen inversiones en energías renovables para abaratar el consumo de energía que realizan las plantas. Por último Ribera ha asegurado que se han fijado como prioridad activar las actuaciones en la mejora de la depuración de las aguas en la zona sur de Madrid para mejorar la calidad del agua del Tajo y una de las reivindicaciones de la Generalitat.
La Generalitat, moderadamente satisfecha
Según informa Radio Valencia Cadena SER, «el gobierno valenciano asegura acoger, con «moderada satisfacción» los cambios introducidos por el Ministerio en el Real Decreto del Tajo. Asegura que se ha reconocido la evaluación de la situación de ambas cuencas a la vez, tanto la cedente en función de la situación de los caudales, como la receptora. También se tendrá presente, afirman, el nivel de ejecución de inversiones que se vayan haciendo en el entorno del Segura. Por otro lado destacan que el Gobierno de España ha prometido que en 18 meses habrá una nueva planificación hidrológica, con criterios y metodología común para todas las cuentas».
Prosigue Radio Valencia Cadena SER diciendo que «en la Generalitat creen que los cambios, van en la buena dirección. En cualquier caso prefieren esperar a valorar todo el real decreto con detalle y no descartan, llegado el caso, adoptar otras medidas, incluso legales, en aquellos puntos que no se ajusten a su posición en defensa del trasvase y de los regantes».