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Esta pérdida económica se produciría en los próximos 40 años por la caída de la producción agrícola, además de otras pérdidas cuantificadas en 1.300 millones de euros en el valor de las tierras y desaparecerían 15.000 empleos directos
Este lunes se ha celebrado la Jornada: “El Trasvase Tajo-Segura en la Encrucijada: El impacto del aumento del caudal ecológico”. En este encuentro se ha analizado cuál es la situación actual de esta infraestructura y los planes desde el Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, de ir limitando de forma progresiva los hectómetros cúbicos que recibe la cuenca del Segura entre el 2022 y el 2027.
En estas jornadas celebradas en Los Montesinos, en la sede de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante Margen Derecha del Segura, el presidente de esta entidad José Antonio Andújar ha puesto un símil de la situación que están viviendo los agricultores: «La muerte del trasvase la están haciendo lentamente. Nos están envenenando con media pastilla diaria. Nos quitan caudales poco a poco. Anestesian a la sociedad, a los regantes… y cuando se vayan a dar cuenta ha desaparecido el trasvase y no nos hemos revolucionado”.
Perjuicio económico de los recortes del trasvase
El profesor de la Universidad de Alcalá en el departamento Economía y Dirección de Empresas, Alberto de Villar, ha cuantificado económicamente en términos patrimoniales y de producción cuáles serían las pérdidas asociadas a esos recortes en el envío de aguas. A grandes rasgos, estos recortes supondrían el perjuicio de 1.300 millones de euros en el valor de las tierras y el impacto negativo en la producción sería de unos 3.600 millones de euros en los próximos 40 años. También dejarían de existir, según de Villar, 15.000 empleos directos por la pérdida de producción de cultivos, además del impacto indirecto en el resto de industrias.
Por su parte, Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, ha afirmado que estos recortes afectarían especialmente en los regadíos porque hasta un 60 % de la superficie regada en la provincia de Alicante depende del trasvase y una reducción de un tercio de estos caudales podría significar poner en riesgo a un tercio de esa actividad económica agrícola.
El director del Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, ha recordado que se están perdiendo 2 metros y medio cúbicos mensuales y que al año se dejarían de percibir unos 90 hectómetros cúbicos de agua al año en 2027..
Reclamaciones judiciales para reparar daños
Andrés Molina, secretario del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la UA y profesor de Derecho Administrativo, ha aseverado que existen posibilidades de reclamar la responsabilidad patrimonial al Estado en caso de que se concreten las medidas.
“Vemos posibilidades para que prosperara una reclamación de estas características. La confianza legítima de los usuarios del trasvase que han venido haciendo inversiones con este marco jurídico, y ahora se pueden ver comprometidos. Sería un perjuicio importante para el Estado si tuviera que indemnizar. La responsabilidad patrimonial al final es una reparación a un daño. Eso sí, nunca la reparación permite resolver todos los problema que causan las daños. Si se llega a esa situación los regantes tendrán que plantear estas reclamaciones», ha afirmado Molina.