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El Tribunal Supremo ratifica que la UTE Cespa Ortiz es la adjudicataria del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja
Los representantes socialistas del Consorcio Vega Baja Sostenible han denunciado lo que han calificado de “trato humillante y alejado de cualquier atisbo de lealtad institucional y sensibilidad” el que ha tenido la presidenta del Consorcio y alcaldesa de Bigastro del PP, Teresa Belmonte, hacia los alcaldes y vecinos de la comarca al ocultar la resolución del Tribunal Supremo (TS) mediante la que ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y confirma que la UTE Cespa Ortiz es la adjudicataria del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.
Recordar que el macrovertedero para la Vega Baja se proyectó hace más de una década con ubicación en Albatera y su adjudicación se vio envuelta en polémica y parte del caso Brugal.
Tras una cadena de hechos, los 27 municipios de la Vega Baja recurrieron la sentencia del TSJ valenciano de 2019 por la que validaba a Cespa Ortiz como la adjudicataria del vertedero comarcal. Ese recurso fue inadmitido por el Supremo y de ello tenía constancia la presidenta del Consorcio desde el pasado mes de marzo, sin embargo, no lo ha dado a conocer hasta tres meses después.
Comunicado del PSPV-PSOE Diputación de Alicante
Los representantes socialistas del Consorcio Vega Baja Sostenible queremos denunciar el trato humillante, maleducado, alejado de cualquier atisbo de lealtad institucional y casi vejatorio de la presidenta del Consorcio, Teresa Belmonte, hacia los legítimos representantes de los vecinos de nuestros respectivos municipios en la Vega Baja.
– Consideramos que No es de recibo que desde marzo se conozca la inadmisión del recurso de casación interpuesto en 2019 por parte del Tribunal Supremo y se dé cuenta oficialmente a día 30 de junio, tres meses después. Además de ocultar deliberadamente esta resolución judicial sin que sepamos con qué objetivo lo ha hecho, máxime cuando durante todos estos años los responsables del Partido Popular han dado soporte a lo que era una realidad, y nos referimos a al Caso Brugal.
– Los alcaldes socialistas representados en el Consorcio (y muchos del PP que ahora guardan silencio) no podemos entender la alegría desbordada que manifiesta la presidenta, Teresa Belmonte, por la adjudicación definitiva del contrato, pese a quedan muchos asuntos judicializados, en los cuales la mayoría de nombres son de responsables del PP.
– Resulta tremendamente sospechoso que la presidenta del Consorcio Vega Baja haya admitido en sede parlamentaria su participación en múltiples reuniones informales con empresas implicadas en el procedimiento. Estos encuentros que ahora le parecen normales, en la legislatura anterior no se lo parecieron, e incluso se consideraron merecedores de denuncias en el ámbito judicial.
– Queremos denunciar la falta de sensibilidad de Belmonte con los representantes de los municipios, lo que consideramos un desprecio inaceptable a los miles de vecinos que han depositado en todos nosotros –también en ella- la resolución de un asunto que no solo merece atención política y jurídica, sino un nivel de empatía e inteligencia emocional de la que carece la alcaldesa de Bigastro.
– Denunciamos que desde hace más de dos meses las empresas en liza y la máxima representante del Consorcio están preparando un plan de gestión del que ninguno de los alcaldes tenemos conocimiento sobre su contenido, pretensiones ni objetivos. Y le recordamos a Belmonte que estaremos atentos y vigilantes para que el proyecto final sea adecuado, explicado correctamente a la ciudadanía de la Vega Baja y consensuado con todos los actores. No vamos a tolerar que se presente como algo inevitable y sin posibilidad de mejora porque no vamos a comulgar con sus ruedas de molino.
– Teresa Belmonte no se ha planteado en ningún momento, desde que tomó posesión, hacer concesiones a la transparencia, ni a la participación ciudadana.
– La actual presidenta, con la connivencia de la Diputación, su jefe Carlos Mazón y muchos representantes comarcales del PP se están cocinando el futuro de los residuos de la Vega Baja. Somos conscientes de se trata de un contrato inasumible a día de hoy por los municipios de la comarca y con la normativa del Plan Integral de Residuos de 2019 en la mano. Y nos preguntamos ¿Quiere la presidenta meternos en una deuda insoportable al tener que pagar el lucro cesante de más de 6 millones de euros?
– Nos tememos que esta iniciativa y el proyecto que presente esté nuevamente salpicado por la duda de otras épocas, aunque no nos sorprendería nada, una vez conocido el giro que el PP ha dado recientemente.
– Deseamos que esta forma de proceder torticera, desleal, oscura y malintencionada de Teresa Belmonte no derive en una secuela del mundialmente conocido ‘Caso Brugal’, con los actuales responsables del Consorcio haciendo paseíllos judiciales por los tribunales.
Foto de archivo: construcción planta transferencia en Dolores