Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), Amigos de Sierra Escalona (ASE), Salvemos Cala Mosca y la asociación de vecinos “San Miguel Arcángel” de San Miguel de Salinas han recurrido en reposición, ante el Ayuntamiento de Orihuela, la modificación del plan parcial del sector D-1 Alameda del Mar, cuya unidad de ejecución 2 (UE-2) afecta a 44 hectáreas de primera línea de costa junto a Cala Mosca y al espacio marino protegido de Cabo Roig, la única zona del litoral de Orihuela aún sin urbanizar en la que pretenden construirse más de 2.000 viviendas turísticas. Piden, en base a cuatro alegaciones, la anulación del acuerdo recurrido, aprobado en el pleno del 2 de septiembre de 2021 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 23 de febrero, y su suspensión por la posibilidad de perjuicios de imposible o difícil reparación tanto sobre el área frágil del litoral que constituye la UE-2 como sobre la movilidad, el tráfico y la calidad acústica del entorno afectado por la actuación.
Denuncian que se ignora el PAT de la Vega Baja, que la Cañada de la Costa se ha incluido en el sector y que un informe económico y un estudio patrimonial no se han expuesto al público
En su primera alegación denuncian que el expediente pretende ignorar la tramitación del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja y la ficha de su Memoria de Ordenación en la que se propone la desclasificación del sector y su integración en la infraestructura verde, una propuesta que las cuatro entidades han pedido incorporar a la normativa del PAT en las alegaciones que el pasado 14 de marzo presentaron a su versión inicial, planteando, en su caso, mecanismos de compensación como la indemnización económica o la transferencia de edificabilidad.
Exponen que no puede considerarse la UE-2 como un suelo urbanizable consolidado física y jurídicamente, rebatiendo un informe de la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat, en el que se apoya el Ayuntamiento, que afirma que se encuentra en situación de suelo urbanizado cuando esa situación, pese a la apertura de viales, es la de suelo básico rural, atestiguada por una valiosa biodiversidad cuya presencia sería imposible si el suelo se hubiera urbanizado por completo. Por ello solicitan la nulidad del acuerdo a fin de garantizar tanto la viabilidad de las determinaciones de ordenación de la versión definitiva del PAT en relación al sector D-1, un plan supramunicipal que necesariamente ha de prevalecer sobre las determinaciones municipales de planeamiento, como la protección y conservación de la valiosa biodiversidad – con especies protegidas con la categoría de vulnerables como la jarilla cabeza de gato o el caracol terrestre Tudorella mauretanica – y del ya único paisaje costero libre de edificaciones del litoral oriolano y de todo el sector costero comprendido entre Punta Prima y el límite con la Región de Murcia.
En otra de las alegaciones denuncian que el Ayuntamiento haya aprobado la modificación con un informe desfavorable vinculante de la Dirección General de Carreteras del Gobierno Central por su impacto negativo sobre la movilidad y la calidad acústica en la N-332 y su entorno, advirtiendo ecologistas y vecinos que podría haberse incurrido en un presunto delito de prevaricación y mostrando su perplejidad por la pretensión del Ayuntamiento de considerar como no vinculante el informe de Carreteras en base a otro informe de la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat que consideran irrelevante al no ser dicha Dirección General competente en la materia e invadir competencias que no le corresponden.
Por último, denuncian que el sector incorpore en su ámbito los terrenos de la vía pecuaria de la Cañada de la Costa, unos terrenos que consideran que deben excluirse del sector, y que no se hayan sometido a información pública el informe de sostenibilidad económica y el estudio de afección patrimonial que el promotor aportó, respectivamente, en marzo y junio de 2021.