La Guardia Civil de Alicante investiga la comercialización de 4.460 kilos de pulpo caducado, por parte de varias empresas dedicadas a la comercialización de productos alimenticios congelándose en varios municipios entre ellos, Catral. De los 4.460 kilos, 1.410 ya habían sido vendidos para el consumo humano y 3.050 han quedado intervenidos cautelarmente.
En una de estas inspecciones que realiza el SEPRONA, realizada en conjunto con la Inspección de Pesca de la Generalitat Valenciana, a un establecimiento dedicado a la comercialización de productos congelados de Catral (Alicante), tras verificar la especie y etiquetado de 850 kilos de pulpo congelado, descubrió irregularidades en las etiquetas externas.
En ellas figuraba que el pulpo procedía de Pakistán y que había sido capturado en el Océano Índico. Sin embargo, cuando se contrastaron las etiquetas externas con las etiquetas del interior, no coincidían ni con la misma especie, ni con la empresa de importación.
Esta presunta falsedad en el etiquetado quedó relegada a segundo plano cuando los agentes comprobaron que el producto había sido congelado en el año 2015 y que, por lo tanto, su fecha de caducidad expiró 24 meses después, en enero de 2017. Aún así, un total de 1.410 kilos habían sido distribuidos recientemente por distintos establecimientos de alimentación, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.
Agentes del SEPRONA procedieron a la inmediata inmovilización cautelar de los 850 kilos de pulpo que quedaban sin comercializar, poniéndolos a disposición de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
Las investigaciones sobre la procedencia del lote, determinaron que había sido comercializado por una empresa de Castellón, y previamente, por otras dos en Valencia. En una de estas dos últimas, se localizó una partida correspondiente al mismo lote con la misma fecha de caducidad, y otra partida de pulpo en circunstancias similares, procediéndose a la intervención cautelar de otros 2.200 kilos de pulpo.
La Guardia Civil continúa con las investigaciones para poder determinar el origen y circunstancias de estos productos, pudiendo constituir infracciones en materia de trazabilidad de productos pesqueros, así como en materia de sanidad alimentaria, investigándose si, tras el informe final de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública, estos mismos hechos pudieran ser constitutivos de un delito contra la salud pública y de falsedad documental.