El alcalde de Dolores, José Joaquín Hernández, ha valorado positivamente el sobreseimiento y archivo de la denuncia presentada contra su persona “con la que claramente se pretendía hacer un daño personal, pero también político”. Y es que la denuncia se presentó en plena campaña electoral, en mayo de 2019.
Para el alcalde “este tipo de acusaciones infundadas sólo se hacen para menoscabar la credibilidad, pero desde el principio dije que todas las acusaciones eran absolutamente falsas y sobre cuestiones que pertenecen a mi esfera personal. Utilizar esas mentiras para dañar mi reputación como político es ruin y se ha hecho mucho daño a mi entorno familiar”.
Lo más lamentable es que con la que está cayendo, con una crisis sanitaria sin precedentes y con los juzgados saturados, haya gente que se permita utilizar los juzgados como campo de batalla personal, con el simple objetivo de hacer daño.
Por tanto Hernández ha mostrado su satisfacción y “confianza en que la justicia en este país funciona y con el transcurso del tiempo se demuestra que algunos ciudadanos/as sólo actúan con temeridad y mala fe, sin importarles el daño y dolor que pueden ocasionar a ciudadanos que han estado dispuestos a comprometerse en política por el interés común de sus vecinos y vecinas”.
Pese a su satisfacción con la resolución, el alcalde ha expresado que es complicado abstraerse de todo el sufrimiento que se ha provocado a su familia con acusaciones infundadas. De hecho considera que está sufriendo desde hace tiempo una persecución desmedida y totalmente desproporcionada, con el único afán y objetivo de “aniquilarme políticamente”.
El alcalde entiende la política “como el arte de lo posible, y no de lo imposible, no puede ser un medio para ir contra tus adversarios y mucho menos que se pueda utilizar como medio para provocar daño y dolor a otras personas”.
En la referida resolución judicial ha quedado demostrado y así se hace constar que la denunciante tenía conocimiento de la existencia de las sanciones urbanísticas así como los procedimientos judiciales pendientes, pues consta expresamente en la escritura que “la parte compradora manifiesta conocer el estado urbanístico de la parcela y, en particular, los pormenores del expediente en su momento tramitado por el Ayuntamiento de Dolores” y regido por un alcalde del Partido Popular.
Por tanto el alcalde, y pese al sufrimiento que todo este asunto ha ocasionado, no renuncia a su derecho a llevar a cabo las actuaciones contempladas en la Ley y anuncia que “me reuniré con los servicios jurídicos que me han representado en este asunto judicial para estudiar la posibilidad de interponer querella por falsa denuncia, así como cualquier otra responsabilidad en la que se hubiera incurrido”.