domingo, 25 septiembre 2022
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La Generalitat ofrece 22 viviendas públicas para alquiler social en un edificio en Callosa de Segura

Se destinan principalmente a menores de 35 años, mayores de 60, familias monoparentales, víctimas de violencia de género y personas con diversidad funcional

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la resolución de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática mediante la cual ha iniciado el proceso de adjudicación excepcional de 22 viviendas públicas en Callosa de Segura que se destinarán a alquiler social.

Concretamente, siete viviendas se destinarán a jóvenes menores de 35 años, tres a mayores de 60 años, tres a familias monoparentales, dos a mujeres víctimas de violencia de género y tres viviendas a personas con diversidad funcional en cualquier miembro de la unidad de convivencia. Las cuatro viviendas restantes serán adjudicadas por la modalidad de adjudicación ordinaria.

Se trata de 22 viviendas que la Generalitat adquirió el pasado 4 de abril y que han pasado a formar parte de su patrimonio público de vivienda en el municipio de Callosa de Segura. En este caso, la declaración de excepcionalidad busca fomentar una mayor heterogeneidad social en el municipio con el objetivo de contrarrestar las dinámicas de segregación urbana, la creación de guetos y la concentración de la pobreza, favoreciendo medidas orientadas a promover un mayor equilibrio de población.

Así se establece en el Decreto 106/2021, de 6 de agosto, del Consell, del Registro de Vivienda de la Comunitat Valenciana y del procedimiento de adjudicación, cuyo artículo 35 dispone una modalidad excepcional de adjudicación de viviendas protegidas para atender circunstancias extraordinarias o a especiales necesidades de colectivos determinados.

Requisitos

Podrán optar a estas viviendas las unidades de convivencia inscritas en el Registro de Demanda de vivienda que cumplan los requisitos para ser adjudicatarias y con las siguientes condiciones adicionales: estar empadronado como mínimo un año en algún municipio de la provincia de Alicante; ingresos iguales o superiores a 1,5 veces el IPREM que provengan de las rentas del trabajo; y pertenecer a alguno de determinados colectivos.

El procedimiento de baremación de solicitudes comenzará un mes después desde la publicación en el DOGV.

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