La ilegalidad de las escuchas es lo que ha determinado la sentencia del caso Brugal que investigaba las supuestas irregularidades respecto a la adjudicación en 2008 del concurso de la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos del municipio de Orihuela. Una sentencia que ha absuelto a los 34 implicados en este caso y que según reza en una de sus conclusiones “la falta de las resoluciones judiciales legitimadoras de las fuentes de prueba con que se ha abierto este proceso….cabe declarar la ilicitud de las intervenciones telefónicas y de las pruebas documentales, testificales, y de otra índole que directa o indirectamente se derivaron de las mismas, al haberse infringido el derecho fundamental de las comunicaciones” derecho recogido en la Constitución.
Esta decisión es muy importante ya que en el resto de las causas abiertas en el marco del caso Brugal las escuchas telefónicas han sido el eje fundamental sobre el que se ha basado la Fiscalía para sustentar sus acusaciones. La jurisprudencia que marca esta sentencia determinará por lo tanto muchas otras resoluciones judiciales como por ejemplo la que investiga la adjudicación del Plan Zonal de Basuras de la Vega Baja.