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El juicio comenzó este martes sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche
Las defensas de los acusados en el caso Brugal por el supuesto amaño en la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja solicitaron este martes la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se sustentan las acusaciones.
En la jornada de ayer comenzó en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, el juicio por el supuesto amaño en la adjudicación del Plan Zonal de las basuras de la comarca entre los años 2008 y 2009, una de las piezas separadas del caso Brugal.
Alegan una vulneración de los derechos fundamentales
Las defensas del expresidente del PP en Alicante y de la Diputación José Joaquín Ripoll y de los empresarios Rafael Gregory y el oriolano Ángel Fenoll reclamaron la nulidad de esas escuchas telefónicas porque suponen, alegan, una vulneración de los derechos fundamentales. Recordemos que en juicios anteriores de otras piezas separadas de Brugal ya fueron anuladas las escuchas a petición de los acusados al entender que se trata de una «prueba ilícita».
Está previsto que también soliciten la nulidad de las escuchas telefónicas otros implicados: la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y el empresario Enrique Ortiz.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre los tres años y medio y los 17 años de cárcel para 13 acusados por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos durante la adjudicación de las ‘basuras’.
Según el Ministerio Público, el expresidente de la Diputación maniobró a finales de 2007 y principios de 2008 con el fin de que el empresario elegido para la adjudicación del plan comprara a otro aspirante una finca ubicada en la pedanía oriolana de Torremendo en la que iría ubicado el vertedero de residuos comarcal, coste que el adjudicatario repercutiría después en los cánones que iban a pagar los ayuntamientos.
De acuerdo con las conclusiones provisionales de la acusación pública, el entonces dirigente de la corporación provincial se benefició de dádivas por parte de los dos empresarios que competían por la adjudicación consistentes en el saneamiento de una televisión local, viajes y vacaciones en yate. También aceptó presuntamente dos viviendas en Alicante que finalmente no se le llegaron a entregar por la falta de acuerdo sobre la compra de la finca. Según Anticorrupción, estas supuestas irregularidades causaron al Consorcio de Residuos de la Vega Baja un gasto de 1.157.305 euros.