OPINIÓN. La pasada semana conocíamos que el Juzgado de Instrucción Número Uno de Orihuela llamaba a declarar en calidad de imputados por prevaricación administrativa a dos concejales de gobierno de Cs, Luisa Boné y Ángel Noguera. Este llamamiento realizado por la jueza, se enmarca en el curso de las investigaciones puestas en marcha a raíz de la denuncia que, desde nuestro grupo Cambiemos Orihuela, registramos el pasado diciembre de 2021. Denuncia, en la que también incluíamos, como sabedores de la situación de irregularidad, a responsables de gobierno del PP. Además nuestro grupo advirtió al exalcalde Emilio Bascuñana de la situación y éste prefirió seguir consintiéndolo.
Las declaraciones realizadas el pasado viernes por parte de Noguera y Boné fueron en un tono bastante lamentable y similar a como han reaccionado distintos cargos imputados del PP, negando y atacando a quienes realizamos la labor fiscalizadora desde la oposición. Poniendo además en cuestión y acusando al propio sistema judicial de tener “intereses políticos” en un asunto, que recordemos, se trata de que una empresa lleva cinco años prestando servicios -de manera dudosa-. Sin contrato en vigor, y a sabiendas de los distintos gobiernos y concejales con responsabilidad en el área de contratación. Por una cuantía de unos 700.000€ anuales y con contratos menores acordados en Junta de Gobierno a otras empresas relacionadas, para realizar labores que correspondían a la empresa que debía prestar el servicio.
Por parte de Ciudadanos en Orihuela han vertido sospechas sobre que las citaciones se realicen a dos meses de las elecciones. Algo que se debe a la agenda de señalamientos de los juzgados. Esta actitud es sintomática de cómo intentan eludir responsabilidades. Estamos hablando no solo de unos hechos concretos. Estas prácticas atentan y dañan gravemente a las instituciones públicas, lesionan la labor de gestión política y de las administraciones locales, porque son prácticas que por desgracia se han generalizado durante años.
«No puede permitirse un gobierno que se postuló en la moción de censura como el que venía a mejorar la situación mientras que entre sus concejales hay imputados»
El PSOE ante esta situación debe actuar. Y la alcaldesa, como máxima responsable debe marcar distancias con sus socios de gobierno. Orihuela no puede permitirse un gobierno que se postuló en la moción de censura como el que venía a mejorar la situación y desatascar cuestiones importantes, mientras que entre sus concejales de gobierno hay imputados. El PSOE no puede sostener esta situación y esconder la cabeza. De no tomar decisiones valientes que higienicen las instituciones, nos veremos en un escenario similar al del pasado gobierno de PP y Cs.
Carolina Gracia sabe que cuenta con Cambiemos Orihuela. Tiene un deber superior con el municipio. Es momento de que elija entre mantener un gobierno con prácticas de corrupción conjuntamente con Cs, o elija dignificar al Ayuntamiento de Orihuela durante los meses que le queden de mandato.