OPINIÓN. El 15 de julio de 2022, hoy, era la fecha fijada por la Agencia Valenciana Antifraude para el cumplimiento y ejecución del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de octubre de 2015 que declaraba extinguido el derecho de superficie constituido a favor de la Diócesis de Orihuela-Alicante del solar integrado por 214,53 metros cuadrados y de otros 2.407,47 metros más que el Ayuntamiento de Orihuela había cedido a la Diócesis en febrero de 1999. Dicho de otra manera, era hoy el día previsto para que estas parcelas usadas por el colegio Santo Domingo volvieran a ser propiedad municipal.
En este contexto, con plazos que cumplir y con el deber de defender desde el gobierno local el interés de los oriolanos, urgía tomar decisiones que dejen bien atados todos los cabos de una operación no exenta de complejidad y con muchas variables que conjugar. Tres son los pasos que nos hemos marcado para llegar a esa solución definitiva: el primero, suspender la ejecución de los terrenos; el segundo, un arrendamiento transitorio; y, finalmente, el tercero y último, culminar la permuta. El primer de ellos, el que no podía esperar más, ya lo hemos dado y ha quedado resuelto con la firma del decreto de incoación del expediente de permuta que contempla entre los puntos de acuerdo seguir permitiendo el uso de esos terrenos al colegio histórico que nos ocupa al tiempo que requerimos a los servicios técnicos municipales una nueva valoración actualizada de los terrenos objeto de la permuta. Para llegar al último de los escalones, estamos articulando un acuerdo transitorio en forma de arrendamiento que nos permita ejecutar con calma la permuta definitiva sin renunciar, obviamente, a exigir los daños y perjuicios por el uso de este espacio hasta este 15 de julio.
Aludíamos líneas arriba a nuestro rol como defensores de los oriolanos, asumiendo inconscientemente que cuidar a Santo Domingo como parte decisiva de la historia, del presente y lo que es más importante, el futuro de nuestra ciudad – sin cesiones ni condescendía – es cuidar Orihuela.
Si me preguntan a mí, les diré que soy un firme defensor de resolver este asunto a través de una operación de permuta, pero una permuta limpia, transparente y exigente, que, a su vez, deje satisfechas a todas las partes. Me gustaría estar a estas horas escribiendo que hemos alcanzado un acuerdo definitivo sin necesidad de pasos intermedios, pero nos hemos impuesto en nuestra acción política la obligación de hablar y ensanchar acuerdos, sobre todo en cuestiones como esta con altas dosis de sensibilidad. De igual modo creemos –y sabemos que esa es también su predisposición- que el obispado nos puedo ayudar a resolver con inmediatez algunos de los problemas que a causa de la rigidez de los procedimientos administrativos y los tiempos de los mismos tanto nos cuesta desde dentro del ayuntamiento. ¿Por qué no pedirle viviendas sociales a cambio de esos terrenos? ¿Y si incluimos parcelas para convertirlas en aparcamientos disuasorios? ¿No sería interesante que como consecuencia de todo esto consiguiéramos nuevos locales ya preparados para ubicar servicios como la nueva oficina de vivienda o el Justiprop? ¿Y si con estos nuevos locales conseguimos quitar del corazón del casco histórico la horrible oficina de Turismo?
No hay, por tanto, necesidad de decidir entre arrendamiento o permuta, pues ambas fórmulas son compatibles. Salvado el primer escollo y resuelta ya la inquietud de la comunidad educativa del Colegio Santo Domingo, ahora toca ser tan exigentes como hábiles para convertir en éxito para Orihuela lo que hasta hace poco arrojaba más sombras que luces. Este y no otro es el compromiso de este equipo de gobierno.