El candidato a la alcaldía de Orihuela por el Partido Popular, Pepe Vegara, ha negado las informaciones por parte del medio ElPlural.com en las que apuntaban que el alcaldable se encuentra en un proceso judicial por dos delitos contra Hacienda por su gestión de la ITV de la Vega Baja.
Según señala ese medio, «la Fiscalía ya ha enviado escrito de acusación por los delitos y ha solicitado la apertura de juicio oral contra Vegara y varias personas más». Vegara ha reconocido que esta causa se abrió en 2011 pero, según él, «fue archivada en 2015», ha asegurado antes de iniciar la comida con afiliados y simpatizantes del Partido Popular en Orihuela, con la presencia de Cuca Gamarra, secretaria general del PP, y el presidente del partido en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
Sin embargo, ElPlural.com insiste en que la causa sigue abierta y por ello, las penas que quiere solicitar la Fiscalía alcanzan los cuatro años de prisión, con una multa que superaría los 4.500.000 euros, por el delito contra la Hacienda por fraude en el impuesto de sociedades; y tres años de cárcel, con más de 600.000 euros de multa, para el fraude del IVA.
En la atención a los medios, Vegara ha matizado que no le consta «ninguna apertura de juicio oral, por lo que si se ha abierto otra vez no lo sé, es cierto que en 2011 nos llegó una denuncia pero en 2015 se archivó. Además, en 2011 a mí me operaron del corazón y no fui en todo el año a la empresa». Sobre si va a tomar alguna decisión en caso de que la apertura del juicio oral se lleve a cabo, ha indicado que «no vamos a poner tiritas antes de cortar».
Por su parte, Mazón ha defendido los argumentos de su candidato en Orihuela: «Creo que estas explicaciones son adecuadas, de quién estoy esperando explicaciones es de Ximo Puig, sobre el alcalde de Benferri, el de Benejúzar y el de Los Montesinos. Dos procesados y uno condenado, los tres siendo alcaldes, trabajando en la administración pública y los tres vuelven a presentarse en las elecciones». El presidente del PPCV ha destacado que «esto es distinto a corrupción, ni con el ejercicio de cargo público ni nada, es un delito administrativo fuera de la política y que ocurrió hace más de 12 años».