El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Orihuela ha pedido a la alcaldesa que «salga de su comodidad en el que se encuentra y dé la cara por su ciudad tanto ante el gobierno central como ante el autonómico. El trabajo de quién defiende los intereses de los oriolanos es reclamar lo que nos corresponde, aunque sean gobiernos de su propio color político, como sí hacíamos los Populares cuando hemos tenido que hacerlo ante la Diputación de Alicante con César Sánchez o Carlos Mazón siendo presidentes”, ha señalado el portavoz popular, Rafael Almagro. «Emilio Bascuñana también dio buenas muestras de ello y así se pudo hacer patente en cuestiones tan importantes como la solución al convenio con ADIF, atascado durante los años anteriores, la apuesta de los alcaldes populares de la Vega Baja y la Diputación Provincial por la línea entre Orihuela y Torrevieja, o la manifestación con nuestros agricultores en Madrid frente a una ministra del Partido Popular. Un caso muy significativo de la defensa de un alcalde por sus vecinos fue la numantina defensa que realizó Bascuñana para que desde Valencia no se regalase a Elche, y a costa de Orihuela, la OCAPA (OFICINA COMARCAL DE ATENCIÓN A NUESTROS AGRICULTORES Y GANADEROS) que se encuentra en el PROP», defiende el edil popular.
Almagro, que ha estado acompañado en la rueda de prensa por Emilio Bascuñana y Dámaso Aparicio, hacía referencia a lo ocurrido en Elche con la denominada deuda histórica por lo que recibirá 43 millones de euros en el plazo de 4 años para ejecutar infraestructuras que ayuden a convertir Elche en Capital Verde Europea en 2030.
“Nadie, o muy pocos, han debido caer en la cuenta de que, para la puesta en marcha de la Universidad Miguel Hernández en Orihuela, también se hizo frente a un enorme gasto por parte de la corporación de aquella época para la creación del Campus de las Salesas”. En este sentido, el Grupo Popular propone instar al Consell de la Generalitat Valenciana a que se realice junto con el gobierno del Ayuntamiento de Orihuela un expediente similar al que se ha llevado a cabo en Elche con el fin de reconocer y compensar la deuda histórica por la adquisición de los terrenos necesarios para la implantación de los edificios conformantes del Campus de Las Salesas de la Universidad Miguel Hernández de Orihuela
Reglamento de Niveles Esenciales
Otro punto del orden del día del próximo pleno será la aprobación o no de la alegación presentada por el asesor de Cs, Luis Ruiz, al Reglamento de Niveles Esenciales del Ayuntamiento de Orihuela que fue aprobado el pasado 24 de febrero con el apoyo de todos los grupos excepto de Cs. Este reglamento causó desavenencias públicas entre el Grupo Popular y el de Ciudadanos, tras las acusaciones realizadas por la concejal de Recursos Humanos, Luisa Boné, contra el entonces alcalde, Emilio Bascuñana, de ‘hacer un reglamento a su gusto’. Este reglamento consiste en dotar de una organización más moderna al Ayuntamiento de Orihuela, según el artículo 10 de la Ley de Bases de Régimen Local, en el que se contempla la creación de cinco grandes áreas con directores generales al frente. En definitiva, cambiar la organización actual.
Para el portavoz del Grupo Popular, Rafael Almagro, resulta curioso que este reglamento que, según la edil Boné, no se había negociado con su grupo sea el mismo que llevan ahora a pleno. “Es el que presentó el PP, no han tocado ni una coma, aunque sí la parte que afecta a la asesoría jurídica que es el órgano que resuelve las cuestiones más importantes del Ayuntamiento entre otras la mesa de contratación”. Considera que ‘es como poner a la zorra a cuidar las gallinas en el gallinero’. El PP quiere que la asesoría jurídica la ostente un funcionario con titulación de habilitado nacional que tenga el mismo rango que el secretario general o la interventora. “Cs pretende que sea un licenciado en derecho y ahí está la diferencia fíjense entre que los asuntos más importantes los resuelva uno u otro que puede ser puesto prácticamente a dedo”.
Precisamente, este fue el motivo por el que el Grupo Popular se levantó del pleno en el mes de junio después de que la alcaldesa lo sacara del orden del día tras manifestar que había pedido un informe a la Dirección General de Administración Local. “Esto no era cierto porque el informe se pidió después, concretamente tuvo entrada el 4 de julio en la Dirección General”. Según el citado informe hay que resolverlo conforme a la ley y es escudándose en ello por lo que la concejal Boné vuelve a llevarlo a pleno pero ahora estimando la alegación. “Veremos qué pasa porque hace falta mayoría absoluta para que salga adelante. Lo que sí es cierto es que Asunción Aniorte, de Vox, votó a favor de Cs y el PSOE se abstuvo en la Comisión del lunes”.
Moción ADHA y ayudas autónomos y Pymes
El Grupo Popular presenta también una moción en la que piden a la alcaldesa y al concejal de Urbanismo que asuman responsabilidades políticas una vez se ha constatado que Orihuela no se ha adherido al Plan ADHA (Ayuda a las entidades locales para la adquisición de viviendas), además de haber perdido otras ayudas de Fondos Europeos como la de regeneración de barrios y edificios públicos. «Ni José Aix ni Carolina Gracia han sido capaces de preparar antes del pasado siete de octubre una propuesta para que nuestra ciudad fuera beneficiaria de estos importantes fondos. Y además de esta irresponsabilidad se produjo con un agravante, ya que no han cumplido con el compromiso público que anunciaron en el debate de la moción y que no era otro que el que, iban a llamar a todos los grupos municipales para que hicieran sus propuestas y aportaciones y tenerlas en cuenta para preparar la solicitud de ayudas».
Finalmente, el Grupo Popular volverá a presentar la moción que quedó en empate en el último pleno en la que solicitan que con cargo al Remanente Líquido de Tesorería de 2021, todavía existente, se destinen 500.000 euros para aumentar la convocatoria ya abierta, o en su caso para dotar una nueva convocatoria, de ayudas con destino a minimizar el impacto económico que el COVID-19 está suponiendo sobre pymes, micropymes, pequeños empresarios, autónomos y profesionales, que complemente la que se puedan realizar con fondos subvencionados de la Diputación Provincial y otros 500.000 euros para aumentar las ayudas con destino a minimizar el impacto económico que la crisis energética.