Tensión entre el Ayuntamiento de Callosa de Segura y la Subdelegación de Gobierno a cuenta de la demanda de efectivos de la Guardia Civil.
El equipo de gobierno en Callosa ha emitido un comunicado en el que denuncia que el Ministerio del Interior y Subdelegación de Gobierno “desoyen la petición del municipio y que hace dejación de funciones en sus competencias de Seguridad Pública forzando a los ayuntamientos a asumir funciones para las que no tienen presupuesto”.
El equipo de gobierno ha realizado esta denuncia tras la Junta Local de Seguridad extraordinaria y urgente que solicitó a Subdelegación ante la escalada de delitos en los últimos meses, y que llevó a más de 200 vecinos a manifestarse el pasado 4 de mayo.
Según el comunicado del consistorio, en esta reunión que se celebró el pasado 16 de mayo, Subdelegación se negó a dar los datos reales del número de efectivos de la Guardia Civil en el Puesto de Callosa que cubre además los municipios de Redován, Cox, Granja de Rocamora, Rafal, Benferri y las pedanías oriolanas de El Badén, Virgen del Camino y La Murada.
Asimismo, el equipo de gobierno asegura que Subdelegación argumentó que la sensación de inseguridad percibida en el municipio no se correspondía con la realidad, porque según los datos que maneja, el número de delitos se ha visto reducido. Datos que contrastan con las actuaciones realizadas por la Policía Local.
Sorpresa ha causado la reacción del Ayuntamiento de Callosa al subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, a quien le “resulta curioso pensar cómo es posible que el equipo municipal necesite 14 días para emitir estas afirmaciones”.
Nieves añade que “esperamos que no todo en el municipio funcione con la misma agilidad. Como ya se les explicó, en la Junta de Seguridad, esta provincia nunca ha tenido tantos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como ahora”.
“El Gobierno de Pedro Sánchez está incrementando los efectivos después de que el de Mariano Rajoy congelase la oferta de empleo. Así se comunicó en la Junta de Seguridad. En ese momento, parecieron entenderlo, aunque 14 días después hayan cambiado de opinión”, indica el subdelegado del Gobierno.
“Si en lugar de defender los intereses de su municipio, quieren sumarse a la campaña del fango, son libres de hacerlo, pero deja claro con sus acciones qué intereses defiende, desde luego, no son los de la ciudadanía”, concluye Juan Antonio Nieves.