Este jueves se ha producido la primera comparecencia pública de la presidenta del Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible, Teresa Belmonte, para aclarar por qué la planta de transferencia de residuos de Dolores permanece cerrada. De entrada, Belmonte ha afirmado que lo último que afirmó el alcalde de Dolores, José Joaquín Hernández, sobre que la Generalitat Valenciana ordenaba a la puesta en marcha inmediata de la instalación como fecha tope el pasado 1 de abril, dice la presidenta del Consorcio que desde la Generalitat Valenciana le han trasladado que se trata de un error haber marcado ese plazo y que lo van a corregir tras el recurso de alzada presentado por el Consorcio.
El discurso de Teresa Belmonte ha versado sobre las repercusiones económicas a posteri que podría acarrear la apertura de esta planta de transferencia de residuos de Dolores. Belmonte ha comentado que un vecino recurrió las licencias ambiental y de obras con las posibles consecuencias legales que ello puede tener. Por tanto, ha hablado en términos de “no hipotecar a la Vega Baja” teniendo en cuenta que este contrato del Plan Zonal de Residuos de la comarca tiene un valor de 500 millones de euros, además de que se firmó en 2013 e incluso los valores de la licitación son anteriores a fecha de 2007, por tanto, se está produciendo una revisión de precios y negociación entre la contratista y el Consorcio.
La presidenta del Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible ha reconocido que se está generando una confusión entre la población pero según su versión, aclara que cuando fue entregada la planta de transferencia de Dolores en diciembre existían todavía «algunas deficiencias» que no consta que estén subsanadas ni tampoco le consta que se haya recibido la licencia de actividad para poder iniciar su funcionamiento.