La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) y Asaja Alicante, entidad adscrita a la Unión, han advertido del peligro que supondrá la modificación ya aprobada del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, que reducirá las aportaciones del trasvase a la cuenca del Segura en más de 105 hm³ anuales. Un impacto en la estructura de la economía de la provincia que se traduce en la desaparición de más de 6.300 empleos directos, una pérdida económica de más de 5.600 millones de euros y el abandono de 27.314 hectáreas de regadío, lo que califican como un “tsunami económico” para la provincia de Alicante con consecuencias sociales, económicas y ambientales irreparables.
El presidente de UEPAL, Juan José Sellés, comparó el impacto que tendrá suprimir caudales del Tajo-Segura sin una alternativa real ya disponible, con un hipotético colapso de algunas de las grandes empresas afincadas en la Comunidad Valenciana. “Si la factoría de Ford en Almussafes, por ejemplo, destruyera estos 6.300 puestos de trabajo que hoy se ponen en peligro en el sector agroalimentario de la provincia de Alicante, estaríamos en esta situación ante la opinión pública nacional y con una respuesta diferente por parte de las Administraciones Públicas autonómicas y estatales”, apuntó el actual presidente de UEPAL.
Hablando de este impacto, el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, alertó de que el acueducto Tajo-Segura permite que exista y es lo que sustenta el único “salvoconducto seguro”, la “única despensa” que tiene España y Europa para la obtención de hortalizas frescas ante olas de frío como la actual que pueden arrasar las producciones del resto del territorio. “Parece que este Gobierno no es consciente de que el recorte va totalmente en contra del interés general de este país porque las regiones afectadas por el trasvase representan el 71% de la exportación nacional de hortalizas y el 25% de la de frutas, solo con el 3% del agua dedicada al regadío a nivel nacional, lo que demuestra una eficacia en el uso de este recurso sin precedentes”, explicó Andreu.
Pero esto no es todo, porque a la pérdida de empleos directos, indirectos y en exportación, hay que sumarle el daño colateral que la reducción del trasvase tendrá sobre otros sectores relevantes como la logística, la industria química o los servicios, “restando competitividad a nuestro tejido socioeconómico y, por ende, a nuestro territorio” señaló ASAJA Alicante.
Asimismo, Andreu alertó a la ciudadanía de que esta decisión no tardará en el bolsillo de la sociedad, ya que nos veremos obligados a depender de las producciones de terceros países, lo que supondrá que los precios suban para el consumidor y que, además, tengamos que consumir productos tratados con materias prohibidas en Europa hace años por ser perjudiciales para la salud.
Sellés criticó que “nadie en el Gobierno de España, y muy pocos en la Generalitat Valenciana, se hayan planteado el impacto de esto: menos superficie es igual a menos trabajo y, por lo tanto, a más de 6.300 personas que tendrán que abandonar su actividad”. Además, el presidente de UEPAL aclaró que “la percepción del empleo agrario está muy distorsionada, no siempre es mano de obra sin cualificar, nuestro sector es altamente profesional, muy innovador y preparado”.
Pérdida patrimonial de inversiones
El mismo informe de la UA considera que existe también un importante impacto por el abandono de esta superficie de regadío que tiene que ver con el precio de la tierra, que sufrirá una considerable merma en su valor, más la pérdida de valor patrimonial de inversiones, en muchos casos, pendientes de amortizar financieramente. La estimación del golpe económico es de más de 5.692 millones de euros.
Sin embargo, tanto para Asaja Alicante como para el conjunto de UEPAL, lo más grave es el “planteamiento político que ofrece la Administración, donde la sustitución de una infraestructura real y unos aportes ciertos que generan riqueza para el conjunto del Estado se eliminan sin alternativa, supeditada a promesas en el aire”.
Tanto Sellés como Andreu recriminaron las promesas de subvención del agua desalada, cuya materialización requiere su publicación en una Orden y que, además, se somete a exigencias normativas y de la Unión Europea que hacen que esta medida no disponga de garantías de mantenerse en el tiempo. En el mismo sentido, opinaron de las promesas de futuras inversiones: “Ni están en los presupuestos, ni tiene soporte ninguno que nos permita confiar en que sean reales, especialmente tras el último diseño de los Presupuestos Generales del Estado y de cómo se ha tratado a nuestra provincia”, han coincidido.
Para ASAJA, cuarenta años de trabajo y esfuerzo valen mucho más que 10 céntimos de subvención que nos ofrecen ahora por el agua desalada. “Los agricultores de Alicante no queremos limosnas, queremos mantener lo que nos ha dado la vida”, remarca Andreu.
La sensación expresada por UEPAL y Asaja Alicante es que esta decisión política de recortar el Trasvase Tajo-Segura nos lleva al precipicio, a una caída en el vacío de consecuencias gravísimas, no sólo para el sector agrario alicantino, sino para toda la provincia.