De vuelta con la situación insostenible. UGT denuncia las altas temperaturas que sufren los trabajadores de las Oficinas del DNI y Extranjería en la oficina ubicada en la C/Arquitecto Larramendi 3 en Torrevieja, local cedido desde diciembre de 2013 a la Policía Nacional por el ayuntamiento de la ciudad salinera.
A mediados de julio del 2023, Mª José Forner, responsable provincial de UGT del sector de la Administración General del Estado de Alicante y Técnico de Prevención, se personó en las instalaciones, constatando temperaturas en el interior superiores a 31ºC y una humedad por encima del 64%, incumpliendo las disposiciones mínimas del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, en su Anexo III, Condiciones ambientales de lugares de trabajo.
Ese mismo mes, el secretario general de la Policía Nacional en Alicante informó que se estaban llevando a cabo las gestiones pertinentes con el Ayuntamiento de Torrevieja ante la posibilidad del arreglo del aire acondicionado. En este sentido, el secretario señaló que la unidad sería trasladada a otra ubicación, pero sin una fecha para ello.
La medida adoptada desde la Dirección General de la Policía fue la instalación de ventiladores y un par de máquinas de aire acondicionado portátil. «Insuficientes y desaconsejables, debido a que el uso de los ventiladores, por ejemplo, mueve el aire caliente y crea corrientes que perjudican la seguridad y salud de los trabajadores», sentencia Forner.
Un año después, y soportando varias olas de calor, el personal sigue desempeñando su trabajo en el local en unas condiciones insostenibles que van en detrimento de una atención eficaz y adecuada a la ciudadanía, expuesta también a las altas temperaturas cuando acude a realizar sus gestiones.
Desde UGT señalan que tienen constancia de la contratación de una empresa por parte del Ayuntamiento de Torrevieja pero que, tras personarse en la unidad afirma, que «hasta octubre de 2024 no podrá instalarse la nueva maquinaria de climatización».
Por el consiguiente, la Unión General de los Trabajadores exige a la administración la intervención inmediata ante el incumplimiento reiterado de la normativa de condiciones ambientales de lugares de trabajo, y dar una solución adecuada y urgente para que el personal pueda desarrollar su trabajo sin que ello suponga un riesgo para su salud.