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Cambiemos Orihuela denuncia por segunda vez estos hechos después de seis redadas de la Policía Nacional en este local
Un club de alterne en Orihuela continúa abierto sin licencia y sin cumplir las medidas sanitarias por la COVID-19. Cambiemos Orihuela ya lo denunció el pasado mes de septiembre y este lunes ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Orihuela para que actúe.
Y es que la Policía Nacional ha llevado a cabo seis redadas desde mayo en este local ubicado en la carretera N-340 y sus informes establecen actividades susceptibles de ser sancionadas. «No tiene licencia, no cumple con las medidas sanitarias anticovid porque en su interior se mantienen contactos íntimos con personas que no son convivientes, se ha reabierto tras ser clausurado, no tiene seguro de responsabilidad civil y no tiene registro de hostelería, sino de hostal», detallaba la edil de Cambiemos, María García Sandoval.
Por tanto, la Policía Nacional reconoce que en este establecimiento se está llevando a cabo la prostitución. No obstante, en sus informes indica que no cabe actuar por la vía penal «porque las mujeres no están obligadas».
«O actúan ellos o actuamos nosotros porque tenemos que poner fin a las irregularidades urbanísticas y a la explotación sexual»
Orihuela se acogió recientemente a la Red de Municipios Libres de Trata y Explotación de Mujeres y Niñas, por lo que Cambiemos insiste en la necesidad de que el Ayuntamiento tome cartas sobre el asunto y ponga fin. El Grupo Municipal ya le comunicó estos hechos al equipo de Gobierno en el pleno de octubre, donde el concejal de Urbanismo, José Aix, no dio explicaciones públicas y señaló que llamaría personalmente a la concejala García Sandoval para ello. «Creo que esta información debería ser pública», ha indicado ella, quien ha explicado que en esa llamada «me explicó que Conselleria es quien debe hacerse cargo».
Sin embargo, Cambiemos defiende que el Ayuntamiento, en materia de Urbanismo, tiene competencias para poder clausurar el local. El concejal de Cambiemos, Carlos Bernabé, ha sido muy claro: «O actúan ellos, o actuamos nosotros. Si se mantiene esta actividad, el ayuntamiento va a ser cómplice de irregularidades urbanísticas, además de la explotación sexual. El poder político tiene que cumplir la ley y si no lo hace, iremos nosotros por la vía judicial porque nuestro objetivo es poner fin a esto y no es necesario que nosotros demos más pasos si el Ayuntamiento cumple».