La acusación particular que representa al Ayuntamiento de Orihuela centra toda la responsabilidad penal en el empresario Ángel Fenoll que quería seguir controlando el servicio de recogida de residuos de la localidad. Resta culpa a los ex alcaldes Jose Manuel Medina y Monica Lorente que asegura que fueron víctimas de una extorsión. En la fase de conclusiones, el abogado Miguel Porras, en representación del Ayuntamiento de Orihuela que se ha personado en el caso Brugal como acusación particular, ha rebajado las expectativas del Ministerio Fiscal y ha centrado la trama sobre la recogida de basuras en Orihuela sobre el empresario Ángel Fenoll.
Durante más de tres horas de intervención, en su relato de los hechos, Porras ha eximido de responsabilidad al ex alcalde José Manuel Medina, del que ha asegurado que fue víctima de una extorsión y también a la ex alcaldesa Mónica Lorente, si bien reconoce que, Fenoll creó un entramado para impedir la adjudicación de la contrata de basuras a una nueva empresa y que los dos alcaldes sí tuvieron responsabilidad.
En su opinión, el único hecho punible es la acusación sostenida sobre Ángel Fenoll por el status quo que jugó en todo momento ante el Ayuntamiento. Y ha estructurado en dos hechos nucleares la causa: un delito de prevaricación hasta el año 2005, cuando Fenoll con la ayuda de varios políticos inició la trama y a partir del año 2008 un fraude asociado al acto de la adjudicación de la contrata de basuras con el fin de bloquear el proceso.
Miguel Porras ha ratificado gran parte de los argumentos expuestos por el fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, a la hora de defender la legalidad de las grabaciones obtenidas, si bien ha mostrado discrepancias en otros argumentos. También ha reconocido que en su escrito de calificación final, su petición de penas serán mínimas.