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Conclusión del Comité de Bioética y recomienda, en todo caso, vacunar a las 6 semanas de la primera dosis. Dentro estaría el concejal de Sanidad de Orihuela a quien se le ha abierto expediente de diligencias previas
La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló ha informado de la tramitación de diligencias y en su caso, apertura de expedientes informativos a 10 cargos públicos, que forman parte de un total de 233 casos cuya vacunación ha sido objeto de análisis por no ajustarse aparentemente a los grupos de riesgo correspondientes.
«De todos ellos -ha concretado Barceló-, un total de 171 casos están justificados por haberse administrado la primera dosis de vacunas ya reconstituidas a personas, bien del grupo siguiente o bien de grupos de riesgo justificados». «En cuanto a los 62 casos restantes, son los que se ha procedido a investigar con más detalle para depurar, en su caso, responsabilidades», ha destacado la titular de Sanidad.
Se ha solicitado a Salud Pública la tramitación inmediata de diligencias y, en su caso, la apertura de los correspondientes expedientes para acotar los hechos, circunstancias y sujetos responsables de cada caso
Barceló ha precisado que ordenó, tanto a la Dirección General de Recursos Humanos como a Salud Pública, la apertura de expedientes informativos para saber, en el primer caso, si algún profesional de la Conselleria había cometido alguna irregularidad y, por otro, si habían sido vacunadas personas no pertenecientes a los grupos que les correspondía y si, de darse el caso, había alguna causa que justificara esta vacunación.
Según Barceló, de la información recabada hasta el momento, se desprende que «se pueden haber cometido irregularidades» y, «dada la trascendencia de este asunto y en aras de la trasparencia», ha avanzado algunos detalles «a expensas de que se sustancien varios de los expedientes que aún continúan abiertos».
Asimismo, la titular de Sanidad ha detallado que, desde la Dirección General de Recursos Humanos de Conselleria, en este momento hay abiertos 9 expedientes informativos, entre ellos los que ya están en fase de diligencias previas o aquellos en los que se ha solicitado una ampliación de información. «Todos ellos afectan a personal propio que haya podido intervenir en el proceso de vacunación y, al encontrarse en trámite, están sujetos a la privacidad y protección de datos correspondiente», ha puntualizado Barceló.
Cargos públicos
Respecto a estas 62 personas que han recibido la vacuna sin corresponderles, la máxima responsable de la Sanidad valenciana ha referido también las condiciones en las que han ocurrido los hechos en los casos de 10 cargos públicos que, «por su especial relevancia y trascendencia, se consideran de interés general», ha precisado Ana Barceló. Entre esos casos ha nombrado el del concejal de Sanidad en el Ayuntamiento de Orihuela, José Galiano, que fue vacunado el 6 de enero en la residencia Las Espeñetas. Se encuentra abierto expediente de diligencias previas.
Tramitación de diligencias y, en su caso, apertura de expedientes
Respecto a estas personas, la titular de Sanidad ha informado que «se ha solicitado a Salud Pública la tramitación inmediata de diligencias y, en su caso, la apertura de los correspondientes expedientes para acotar los hechos, circunstancias y sujetos responsables de cada caso», así como también la aplicación, si procede, de las sanciones recogidas en la Ley 33/2001 General de Salud Pública y la Ley 10/2014 de la Generalitat de Salud de la Comunitat Valenciana.
Segunda dosis: conclusiones del Comité de Bioética
Respecto al suministro o no de la segunda dosis de la vacuna a estas personas, la titular de Sanidad ha recordado que ordenó que «no se les suministrara en tanto se toma una decisión definitiva, valorando la trascendencia médica que pueda tener la decisión, si es que la tiene, y teniendo en cuenta la posición del Comité de Bioética de la Comunitat Valenciana, a quien se consultó».
En este sentido, la responsable sanitaria ha informado que el Comité ha trasladado a su departamento sus primeras conclusiones en las que indica, que «la administración de esta segunda dosis a estas personas debería plantearse tan solo después de haber concluido la vacunación de los grupos recogidos en la estrategia de vacunación. La recomendación es, en todo caso, vacunar a las 6 semanas de la primera dosis que, asegura el informe del Comité, es el plazo máximo marcado por la OMS para la segunda dosis de la vacuna Pfizer».
Según Barceló, el Comité también recomienda en su informe «que se tomen medidas de sanción o disciplinarias que, administrativa y políticamente correspondan, y que analizará con más profundidad el caso en su próximo pleno».
Foto: Ana Barceló en archivo.