En un giro trascendental, la Fiscalía ha reconocido formalmente en un procedimiento judicial que el poeta Miguel Hernández fue víctima de la dictadura franquista. Esta declaración se produce en el marco del recurso presentado contra la sentencia de una jueza de Cádiz que condenó a un catedrático de la Universidad de Alicante por supuestamente vulnerar el derecho al honor de Antonio Luis Baena Tocón, quien actuó como secretario judicial en el consejo de guerra que sentenció a muerte al poeta en 1940.
Aunque la pena de muerte impuesta a Hernández fue conmutada ese mismo año por 30 años de prisión, finalmente falleció en 1942, a los 31 años, en una cárcel de Alicante a causa de la tuberculosis.
La condena en primera instancia recayó sobre Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de la Universidad de Alicante, por una demanda del hijo de Baena Tocón. El juzgado de instrucción número 5 de Cádiz consideró que la investigación del catedrático incurrió en una «intromisión ilegítima en el derecho al honor» del ya fallecido alférez. La sentencia, emitida el 7 de marzo de 2025, obligaba a Ríos Carratalá a «rectificar informaciones inexactas», «retirar expresiones extralimitadas» sobre el papel de Baena y a indemnizar al demandante con 10.000 euros.
Ahora, la Fiscalía Provincial de Cádiz, en coordinación con la unidad especializada en derechos humanos y memoria democrática de la Fiscalía General del Estado, ha recurrido este fallo. Argumentan que la sentencia no respeta el derecho fundamental a la libertad de creación científica ni el derecho a la verdad amparado por la vigente Ley de Memoria Democrática.
El propio historiador Ríos Carratalá ha señalado que la jueza basó su sentencia en la derogada Ley de Memoria Histórica de 2007, ignorando la legislación actual de 2022.