sábado, 19 abril 2025
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El TSJ dicta sentencia a favor de los trabajadores EMPUJU y EMCUJU del Ayuntamiento de Orihuela

El Ayuntamiento de Orihuela tendrá que pagar cerca de 17.000 euros a los trabajadores

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo declara la firmeza de la sentencia dictada en 2021, la cual reconocía que el Ayuntamiento de Orihuela discriminaba a los once trabajadores y trabajadoras contratados a través de los programas de empleo EMPUJU y EMCUJU de Labora al cobrar menos que trabajadores de su misma categoría.

Los hechos ocurrieron en 2019 cuando estos trabajadores reclamaron al consistorio que revisara las retribuciones que percibían por no ajustarse al convenio del personal laboral y a la Relación de Puestos de Trabajo vigente en ese momento. Fue entonces cuando detectaron diferencias retributivas de más de mil euros mensuales.

CCOO (Comisiones Obreras) avisó tanto a Labora como al Ayuntamiento de Orihuela sobre este incumplimiento pero ante la negativa municipal, el Servicio Jurídico de CCOO interpuso demandas individuales reclamando las diferencias salariales.

En 2021, el Juzgado de lo Social de Elche dictó sentencia a favor de los trabajadores y el Ayuntamiento lo recurrió. En 2022, el Tribunal Superior de valencia volvió a darles la razón y el Ayuntamiento volvió a recurrir. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dictado la sentencia definitiva y reconoce que los trabajadores tendrán que cobrar hasta cerca de 17.000 euros por el periodo del año que trabajaron para el Ayuntamiento de Orihuela percibiendo un salario inferior al que debían.

Desde CCOO felicitan a los once trabajadores «que fueron capaces de superar las presiones recibidas y que reclamaron sus derechos, derechos que hoy han sido reconocidos tras un largo proceso jurídico que el Ayuntamiento de Orihuela ha costeado con el dinero recaudado a los ciudadanos y ciudadanas a los que, en ocasiones como esta, no les reconoce sus derechos».

El sindicato cree que esta sentencia del TSJ puede abrir el camino a las reclamaciones de trabajadores y trabajadoras de otras administraciones públicas que se encuentran en la misma situación.

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