Una familia de acogida de La Murada, pedanía de Orihuela, ha denunciado públicamente «el abuso de poder» que han sufrido «por parte de las instituciones de adopción de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana en la provincia de Alicante».
En febrero, la sección de acogida y adopciones de Servicios Sociales de la Generalitat en Alicante llama a Pilar Bernabéu y Toni Algarra, el matrimonio de acogida, para ofrecerles acoger a una menor de 15 meses que había pasado ya por dos familias distintas después de haber nacido en la cárcel. La pareja decidió acogerla y firmaron los documentos que determinaban «una estancia mínima de un año con posibilidad de renovación si todo progresa adecuadamente», indica la familia.
Les avisaron de que la niña era muy sensible, que lo pasa mal en los procesos de adaptación e incluso se autolesiona. «Ella no llora, se pone con los ojos lagrimosos. Los primeros días se autolesionaba, se hacía arañazos», señala la madre de acogida, quien añade que «con el paso del tiempo, a las tres semanas más o menos, la niña ya estaba más tranquila y se le notaba feliz. Nos llamaba mamá y papá».
Durante el periodo de acogida, los técnicos de Servicios Sociales visitan el domicilio una vez al mes para comprobar el estado del menor y su avance: «Cada vez que nos visitaban nos decían que todo estaba muy bien, que se le vía muy bien a la niña, que se le veía tranquila y se le veía feliz», dice Pilar. Ante estos avances y la conexión que surgió con la niña, la pareja -que ya tiene una hija biológica- se plantea la adopción de la bebé.
Sin embargo, la familia relata que a los tres meses les llaman desde Servicios Sociales de Alicante «diciéndonos que teníamos que concluir forzosamente el proceso de acogida porque ya había una familia de adopción para la niña. Nos quedamos en shock y le dijimos que esto nos tenían que avisar antes, con tiempo, para poder hacer la transición recomendada». No obstante, «vamos a colaborar en que la niña tenga una transición bonita, pero paralelamente vamos a recurrir por la vía judicial y legalmente», manifestó la familia a Servicios Sociales.
Durante varias reuniones con responsables de este servicio, la pareja denuncia «faltas de respeto y amenazas incluso con quitarnos a nuestra propia hija. Cuando les comunicamos nuestra intención de adoptar a la niña, directamente nos lo negaron alegando que no podíamos, sin darnos explicaciones».
El miércoles 12 de junio llaman a Pilar para comunicarles que tienen que devolver a la niña al día siguiente porque ya se le había asignado una familia de adopción tras pasar el CAAF de urgencia (Comisión de Adopciones y Alternativas Familiares): «Le dije a la técnico que necesitaba hablar con mi abogado y consultar todo porque esto no funciona así. Yo estaba trabajando y no me podía ausentar, me dijo que no me preocupara y le aseguré que al día siguiente de 8 a 9 de la mañana le devolvería la llamada», explica Pilar. Pero al día siguiente, el jueves 13 de junio, el padre de acogida relata que «llamaron al timbre de casa a las 08:40 horas de la mañana, abrí con la niña pequeña al brazo y mi hija al lado porque nos íbamos al colegio, pero aparecieron varias personas, entre ellas responsables de Servicios Sociales de Alicante de la Generalitat Valenciana diciéndonos que tenían un requerimiento judicial para llevarse a la niña y que tenía 15 minutos para recoger todo. Yo con la tensión del momento y el shock porque no nos esperábamos para nada que esto fuera así, ni vi el papel para comprobarlo. Fue una situación muy dura porque tanto mi mujer como mi hija estaban llorando. Ni siquiera nos dejaron llevar a la niña en el coche, nos dijeron que solo podíamos seguirles en el coche hasta Alicante si queríamos pero que la niña se iba con ellos en su coche».
Durante el trayecto en coche desde el domicilio hasta Alicante, la madre de acogida cuenta que «llamé a mi abogada contándole lo que había ocurrido y le envié una foto del documento pero nos dijo que eso no era un requerimiento judicial, si fuera así debería haber ido la policía con ellos y me dijo que yo tendría que haber llamado a la policía». Y ese fue el último día que vieron a la niña: «No pudimos hacer una transición bonita y positiva, no era justo para esta niña haber actuado así porque lo ha pasado muy mal anteriormente. Cuando me despedí de ella quiso venir conmigo, le dije que no podía y sus ojos se pusieron lagrimosos. Tengo esa escena clavada en mi mente y no lo puedo olvidar ni perdonar», relata la madre.
Ante la situación de desesperación por el desarrollo de los acontecimientos, la familia de acogida ha querido denunciar públicamente lo ocurrido: «Nos consta que ha habido más casos similares y no nos parece bien que esto ocurra. Las familias de acogida estamos para ayudar, pero esta experiencia está siendo horrible. Es muy injusto que sucedan estas situaciones y que los responsables abusen de su poder».
Servicios Sociales asegura que buscó el bienestar de la menor
Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana ha asegurado a Vegabajadigital que en este caso se ha actuado siguiendo lo acordado por la CAAF, la Comisión de Adopciones y Alternativas Familiares, que es el órgano colegiado que decide en esta materia. «En todo momento y en todas las actuaciones la prioridad ha sido la protección y el bienestar de la menor», señalan las fuentes.
Según la familia de acogida, el CAAF de urgencia se celebra cuando el menor se encuentra «en situación de peligro o desamparo», algo que ambos niegan «porque la niña con nosotros estaba bien y los informes de las técnicos que nos visitaban cada mes así lo certifican».
Escucha la entrevista íntegra a la familia: