El partido judicial de Orihuela es uno de los trece partidos judiciales de la provincia de Alicante; en concreto se trata del partido judicial nº 4 de la provincia y comprende 21 municipios: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Jacarilla, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, San Fulgencio y San Isidro.
Desde el sindicato UGT, Juan Pedro Pelegrín, responsable de Justicia en la provincia de Alicante, ha levantado la voz ante las preocupantes deficiencias que aquejan al juzgado de Orihuela señalando un retraso generalizado en los procedimientos judiciales que, según la página web del Ministerio de Justicia abarca a 234.000 personas, y especialmente estos retrasos suceden en el Registro Civil y en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
En el Registro Civil, la falta de personal resulta alarmante, con tan solo cuatro funcionarios más una persona de auxilio judicial. Esta situación se agrava con la inminente pérdida de personal interino y la falta de dotación de medios técnicos. Los registros civiles con carácter general se encargan de diversos temas, los cuales son muy difíciles de atender con tan poco personal. En este aspecto, el responsable de Justicia nos explica que «hablamos de trámites como las partidas de nacimiento y defunción que tienen una prioridad porque es un trámite que dependen de otros, pero en el caso de los matrimonios, el tiempo de espera para realizar los trámites es de tres meses».
Dotar a los órganos judiciales para asegurar una administración de justicia efectiva y justa
Para paliar esta crisis, UGT solicita al menos dos gestores y cinco tramitadores para no continuar en esta coyuntura. Se destaca la comparativa con otros partidos judiciales de mayor tamaño como es el caso de Elche que cuenta con ocho trabajadores, «pero no hay el doble de personas a atender entre un sitio y otro», incide Pelegrín.
En cuanto al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, se reporta una presión insostenible, con un promedio de 1800 asuntos pendientes, entre civiles y penales, cuando la media se encuentra entre 1400-1500 asuntos. En este caso, con solo seis personas más una de auxilio judicial para gestionarlos, se hace evidente la necesidad de reintegrar al menos dos miembros adicionales para garantizar un servicio eficiente y evitar posibles fallos que puedan acarrear graves consecuencias.
Es en este sentido en el que UGT insta a la Dirección General a tomar medidas urgentes para devolver el personal amortizado y dotar adecuadamente a estos órganos judiciales, asegurando así una administración de justicia efectiva y justa para todos los ciudadanos.