El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Orihuela ha realizado dos inspecciones en una empresa de Bigastro tras las cuales han sido retirados del mercado un total de 695 artículos entre los que se encuentran productos fitosanitarios, abonos y fertilizantes comercializados de forma irregular y que podrían haber representado una grave amenaza para la salud pública, la flora y fauna, así como para los campos de cultivo.
Los responsables, un hombre de 52 años y su hijo de 23, se enfrentan a sanciones económicas que podrían ascender hasta los 3 millones de euros, el cierre del establecimiento y la obligación de ocuparse de la destrucción de la mercancía decomisada por medio de un centro autorizado o hacerse cargo del gasto que genere su destrucción.
Se ha solicitado el cierre cautelar de la actividad de la empresa al operar sin licencia ambiental
Se ha denunciado a la empresa por diversas infracciones administrativas, tipificadas en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de Sanidad Vegetal. Asimismo, los hechos se han puesto en conocimiento del Área de Sanidad Vegetal de la Generalitat Valenciana. Además, se ha informado al Ayuntamiento de Bigastro, al que se ha solicitado el cierre cautelar de la actividad de la empresa, en virtud a la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, ya que operaba sin la correspondiente licencia ambiental o de actividad.
El Seprona continúa investigando los hechos ya que, durante las inspecciones, se observó que los autores estaban utilizando etiquetas y precintos con la identificación de otra empresa, y no se descarta la localización de otros implicados o de nuevas infracciones, una vez que se determine si contaban o no con el consentimiento de esta otra empresa cuya imagen utilizaban.
Los productos fitosanitarios contribuyen a aumentar los rendimientos en la agricultura y ayudan a asegurar una buena calidad en los alimentos. Pero al mismo tiempo, su utilización puede tener efectos desfavorables en la producción vegetal y puede entrañar graves riesgos para los seres humanos, los animales y el medio ambiente. Por ello, su fabricación, distribución y uso está regulado por diversa normativa y sujeto a las preceptivas autorizaciones. La Guardia Civil lleva a cabo inspecciones y controles de forma periódica con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa y prevenir los posibles efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
