jueves, 24 septiembre 2020
El TSJ suspende cautelarmente que Sanidad impida a Torrevieja realizar pruebas PCR 6
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El TSJ suspende cautelarmente que Sanidad impida a Torrevieja realizar pruebas PCR

La Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado la solicitud del Ayuntamiento de Torrevieja para suspender cautelarmente la resolución que permitía a la Conselleria de Sanidad desautorizar a la ciudad salinera a realizar PCR a la comunidad educativa.

El pasado miércoles, el Ayuntamiento organizó la realización de los test serológicos pese a la desautorización de la Conselleria de Sanidad a través de un comunicado dirigido al consistorio y al Hospital de Torrevieja, gestionado por Ribera Salud.

Ese mismo día, la Generalitat envió la prohibición de llevar a cabo estas pruebas y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, mostró su malestar ante la actitud de la Conselleria. Por ello, el Ayuntamiento presentó una solicitud al TSJ para suspender cautelarmente la resolución que permitía a Sanidad desautorizar los PCR.

La Generalitat tiene un plazo de tres días para alegaciones

El TSJ ha enviado la resolución al Ayuntamiento de Torrevieja en la tarde de este viernes, en la que estima la solicitud y le da un plazo de 24 horas al consistorio para presentar el Acuerdo, resolución o decisión administrativa adoptada sobre el ‘Plan de Actuación municipal caminando hacia una ciudad segura» en lo concerniente a la realización de test serológicos al personal docente del municipio con motivo del inicio del curso escolar.

Torrevieja defiende que se trata de una razón de urgencia, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos por la pandemia de la COVID-19, y la detección de casos positivos ante la concentración de alumnos, alumnas, docentes y demás personal de la comunidad educativa, es importante registrar todos los posibles contagiados para reducir riesgos de contagio durante el curso escolar.

La Generalitat tiene un plazo de tres días para que alegue lo que estime procedente antes de decidir definitivamente el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada.

 

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