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Lo ha autorizado la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha autorizado a la Confederación Hidrográfica del Segura la redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Servicios para el estudio integral del estado de conservación y establecimiento de niveles de seguridad del encauzamiento del río Segura, por un importe total de 1.750.000 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.
Con estos trabajos se persigue:
- Realizar un análisis detallado del estado de conservación y de mantenimiento de los distintos tramos encauzados del río Segura en la Vega Baja, dado el plazo transcurrido desde su construcción en los años 90 y la necesidad de haber tenido que actuar en algunos tramos en que se constató una necesidad de mejora de la seguridad estructural.
- Definición geométrica actualizada del encauzamiento, de sus elementos de protección y puntos débiles e instalaciones auxiliares. Uno de los resultados principales sería un perfil longitudinal de cierta precisión, que permita actualizar la capacidad máxima teórica del encauzamiento por tramos.
- Redacción de un plan de conservación y mantenimiento anual de la infraestructura, que incluirá la redacción de proyectos de actuación para la reparación de las deficiencias recogidas, o Pliegos para la licitación de las mismas. Algunos de estos proyectos pueden tener el carácter de proyectos de restauración.
Compromiso tras la DANA
A esta actuación se comprometió el presidente de la CHS, Mario Urrea, tras los episodios de la DANA de 2019, en que se constató la necesidad de un mejor conocimiento de los últimos tramos del río Segura, tanto desde el punto de vista hidráulico, estructural y geotécnico.
Con el citado estudio se obtendrá la información precisa para definir las actuaciones a realizar en el río Segura, de cara una mayor resiliencia del mismo de cara a afrontar futuros episodios de inundaciones, proporcionando una menor vulnerabilidad a los bienes y ciudadanos de la Vega Baja.
