OPINIÓN. En el mes de septiembre los alumnos de toda España volverán a las aulas. La comunidad educativa recuperará entonces esa rutina de finales de verano que empieza para los profesores con las primeras reuniones de los claustros y, para los padres, con el ritual del forrado de libros. Sin embargo, en esta ocasión habrá algo diferente en ellos.
Los manuales ya incluirán en sus páginas los efectos de la nueva ley educativa, la pésima LOMLOE, que provocará, entre otros atropellos, que el español desaparezca como lengua vehicular o que los alumnos puedan obtener el Bachillerato con una asignatura suspensa.
La llegada de la LOMLOE a las aulas -entró en vigor en el mes de enero, pero será a partir de ahora cuando empiece a implementarse en algunos cursos- envuelve a los centros de una incertidumbre nunca antes vista. Esta ley, que transforma profundamente nuestro sistema educativo, ha sido tramitada por el Gobierno y sus socios con la ansiedad de quien hace política a base de golpes de efecto, sin reparar en las consecuencias, y créanme cuando les digo que estoy convencido de que éstas serán nefastas.
Decía el profesor Enrique Jimeno, en su artículo de ABC (12.06.2022) “Aplacemos el despliegue de la LOMLOE”, que esta ley “no le gusta a nadie, ni siquiera a los votantes del partido que la ha promovido”, y no puedo estar más de acuerdo. La LOMLOE ha sido una ley aprobada sin abrirse un ápice a la participación de los docentes, partidos políticos, familias o colegios profesionales. Entre todos ellos, habrá muchos votantes del PSOE decepcionados porque no se les haya escuchado. El rodillo socialista ha hecho oídos sordos a cualquier propuesta, prefiriendo lanzarse en brazos de Podemos antes de, simplemente, escuchar a quien piensa diferente y tiene mucho que aportar.
Por ejemplo, uno de los aspectos más inadmisibles de la nueva norma es la posibilidad de que los alumnos pasen de curso durante la ESO sin límite de suspensos y que incluso puedan obtener el título de Bachillerato habiéndose dejado una asignatura por aprobar.
Esto pervierte la exigencia mínima que se le presupone al sistema educativo de un país europeo y hace que la capacidad de esfuerzo de los alumnos caiga en saco roto.
En tiempos de “buenismo”, donde la disciplina parece un pecado y no una virtud, dejar que un alumno avance de curso con varias materias suspensas no es más que otro clavo en el ataúd de los valores del esfuerzo, el trabajo y el sacrificio. Esta idea mediocre, de un Gobierno pobre, iguala a todos los alumnos hacia abajo, y lo que es peor, nos conduce hacia una sociedad indolente.
Prueba de ello son los cambios en los temarios de algunas asignaturas que aparecen ya reflejados en los nuevos libros de texto. Que la Historia pierda la temporalidad en su estudio, que la Economía y el emprendimiento hayan sido dejados de lado en las enseñanzas o que términos como el “ecofeminismo” aparezcan en los manuales, hace muy evidente que la reforma de la que fué ministra de Educación y Formación Profesional del gobierno de España de junio de 2018 a julio de 2021, Isabel Celaá, ha estado marcada por el revisionismo y la ideologización. No debe olvidarse, además, que la ley supone un ataque a la educación concertada y a la libertad de las familias para poder elegir, ya no solo el lugar en el que quieren que estudien sus hijos, sino la lengua en la que quieren hacerlo.
La nueva ley cambia hasta las pruebas de acceso a la universidad, cuya concreción apenas pudimos conocer en el mes de julio, más de seis meses después de la entrada en vigor de la norma. La LOMLOE modifica uno de los aspectos más cruciales de nuestro sistema educativo y trae como cambio principal una “prueba de madurez académica” que a duras penas se conoce en qué se concretará.
La nueva Selectividad reduce a la mitad el número de exámenes y uno de ellos será dicha “prueba de madurez”, un nombre rimbombante con el que se pretende disfrazar un examen que apunta a ser un batiburrillo de preguntas de varias materias (Historia de la Filosofía, Historia de España, Lengua Castellana y Literatura, Lengua cooficial -si corresponde- e Idioma Extranjero) que valdrá ni más ni menos que el 75% de la nota. Lejos de contribuir a mejorar el proceso de acceso a la universidad, este examen parece que condensará varias pruebas en una, haciendo que los estudiantes se jueguen su futuro a una carta. Otro despropósito de un Gobierno que pretende inventar la pólvora y que acabará quemándose entre tanta pirotecnia descontrolada.
A todo ello, se suma el retraso en la publicación de los decretos curriculares, que han visto la luz en plenas vacaciones, a escasas tres semanas del inicio escolar. Este movimiento ha traído consigo un doble efecto. Por un lado, ha provocado que las
editoriales vayan con la lengua fuera en la publicación de los libros de texto. Por otro, ha desconcertado a los docentes, a los que deja sin apenas margen para adaptarse a los cambios. Sindicatos como CSIF han denunciado esta situación, augurando un inicio de curso “incierto y complicado” por la LOMLOE, cuyos efectos tendrán que pagar tanto los alumnos como la comunidad docente. Este retraso en la publicación es, sin duda, una irresponsabilidad y una falta de respeto a la comunidad educativa.
A esta situación de incertidumbre se añaden fallos judiciales como el del TSJ de la Comunidad Valenciana, que de manera cautelarísima se opone a la obligación de agrupar asignaturas en 1º de la ESO. Esta idea de la Conselleria de Educación ha sido, por fin, rebatida en los tribunales, que dan la razón al grueso de la comunidad educativa, que se oponía a esta medida descabellada y contra la que llevaban varios años clamando los profesores de la Comunidad Valenciana. De nuevo, las ocurrencias de un Gobierno -en este caso el tripartito– en materia educativa se llevan un revés de la justicia.
Por todos estos motivos, el inicio de este curso se presenta lúgubre. La nueva ley comenzará a aplicarse ya desde el hartazgo de buena parte de la comunidad educativa, que se verá obligada a enmendar los múltiples defectos de la norma. Alumnos, padres y profesores comenzarán el curso desorientados ante los cambios de la ley y lucharán
-no me cabe duda- por sobreponerse a esta nefasta norma y evitar, pese a todo, que este sea un curso perdido. Tendrán que hacerlo a base de esfuerzo y sacrificio -ése que la LOMLOE se empeña en desdeñar-, ya que enseñar y aprender con este marco legal será como batirse en duelo con una mano a la espalda.
La ya exministra Celaá -ahora recolocada como embajadora de España ante la Santa Sede- aseguró en su momento que “el sistema educativo lleva el sello poderoso del socialismo español”. A base de leyes nefastas como esta LOMLOE, me atrevo a añadir.
Esperemos que más pronto que tarde la educación en nuestro país quede libre de sellos y permita que padres, profesores y alumnos puedan disfrutar de una educación libre, estable y de calidad.