La próxima semana un jurado popular juzgará al exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, y al exsecretario interventor del Ayuntamiento de Bigastro durante el año 2007 por dos delitos de malversación de caudales públicos.
La fiscalía les acusa de quedarse con dinero que debía haber sido ingresado en las arcas municipales
La fiscalía les acusa de quedarse con parte del dinero que una empresa pagó al consistorio durante la tramitación de la subasta de un solar del municipio. El Ayuntamiento de Bigastro ofertó la parcela, de 30.000 metros cuadrados, en febrero de 2007 y la adjudicó en marzo del mismo año por 2.250.000 euros a una empresa que abonó el importe en varios pagos. El escrito de acusación mantiene que algunos de estos pagos fueron realizados en efectivo por parte de la firma a los acusados, que no los ingresaron en las arcas municipales. En concreto, los dos acusados habrían dejado de ingresar 26.000 euros que la empresa les dio en enero de 2007 para poder participar en la subasta.
Además, según el Ministerio Fiscal, el entonces alcalde tampoco ingresó 44.440 euros que la adjudicataria le dio en marzo del mismo año y que también debían acabar en las arcas municipales. La acusación pública pide para Moya una pena de prisión de seis años por un delito continuado de malversación de caudales públicos. Para el exsecretario solicita una pena de tres años y nueve meses por un delito de malversación.