El Centro de Protección Animal Asoka Orihuela ha comunicado que ya ha cobrado las facturas pendientes del año 2022. Una noticia que la protectora celebra después de tantos meses sin recibir ningún ingreso: el último pago que recibieron fue el 29 de noviembre de 2021, 13.310 euros, correspondientes al mes de agosto. Desde entonces, con las facturas pendientes desde septiembre, la protectora ha salido adelante gracias a las donaciones y con muchísimas deudas.
La pasada semana, el Ayuntamiento ingresó el pago correspondiente a la segunda mitad del mes de abril, que era el primer mes incluido dentro del nuevo contrato (recordemos que Asoka estuvo un año -desde marzo de 2021- trabajando sin el contrato para la recogida y mantenimiento de animales abandonados y gestión de instalaciones del centro; y no fue hasta marzo de 2022, momento en el que Asoka denunció la situación públicamente, cuando el Ayuntamiento adjudicó el nuevo contrato). Finalmente, este martes, 31 de mayo, se ha hecho efectivo el pago del Ayuntamiento de Orihuela de los meses que les debían de este año 2022: enero, febrero, marzo y la primera mitad de abril.
Aún no han cobrado los cuatro últimos meses de 2021
Gracias a este pago, la protectora podrá afrontar las deudas que tenían pendientes, como por ejemplo, los más de 10.000 euros que deben a clínicas veterinarias, así como asegurar los cuidados y mantenimientos básicos necesarios de los casi 300 animales que viven en el centro de protección animal ubicado en San Bartolomé.
Aún quedan pendientes los cuatro últimos meses del año 2021, aunque desde Asoka creen que «van a ser más difíciles de cobrar, pero no dejaremos de seguir reclamándolos».
Por su parte, el concejal de Sanidad, Luis Quesada, ha asegurado que la gestión para ingresar lo que se adeuda del pasado año se encuentra muy avanzada por lo que, de manera inminente informa que se desbloqueará en un próximo pleno extraordinario, ya que al tratarse de facturas de un ejercicio anterior y sin que medie contrato, la gestión es más laboriosa y debe realizarse mediante un reconocimiento extrajudicial que debe aprobar el pleno. Se trata de cerca de 40.000 euros.