El Partido Popular de Orihuela ha criticado que «los usuarios del Oriol y el CRIS siguen sufriendo el bloqueo de la Generalitat Valenciana porque la tan anunciada compra del asilo de Orihuela por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para trasladar el Centro Ocupacional Oriol, la residencia y el CRIS no se ha materializado». Así lo ha denunciado hoy la concejala popular, Almudena Baldó, ex responsable del área de Bienestar Social, quien ha insistido en que «esa adquisición también se hizo pública en las redes sociales de diferentes miembros del Consell el 6 de agosto de 2021 y un año después se ha comprobado que no es cierto».
Baldó le ha pedido a la alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, que se ponga en contacto con el director general de Infraestructuras, Enric Joan Alcocer, «porque el 16 de junio llega un correo al Ayuntamiento por su parte dirigido hacia mí, es decir, dos meses después de la moción de censura, la señora Gracia no se ha preocupado en absoluto de tratar este asunto».
Los residentes del Oriol se encuentran actualmente alojados en un edificio de titularidad de la Generalitat que va a sufrir obras pronto al encontrarse en proceso de licitación. «Me preocupan los residentes porque esta fue una de las cuestiones que yo le trasladé al director general, qué iba a pasar cuando se adjudicaran esas obras y es que los residentes tendrán que convivir con ellas. La respuesta fue que no pasaba nada ya que la compra del asilo era inminente y los trasladarían allí. Mucho me temo que esto no se va a producir porque, aunque la compra la hicieran hoy, habría que adecuar las instalaciones», señala Baldó.
El PSOE responde ante las declaraciones del PP
Ante estas declaraciones, la segunda teniente de alcalde de Orihuela, María García, ha salido al paso y ha asegurado que «la adquisición del Antiguo Asilo sigue su curso y está a falta del informe preceptivo de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, dado que el edificio está catalogado con tercer grado de protección».
La socialista ha afirmado que «la concejalía de Bienestar Social y su delegada, la alcaldesa, Carolina Gracia, están al tanto de este expediente y será la Generalitat quien dé una solución a los usuarios del Oriol». García ha puesto de manifiesto, tras las declaraciones de Baldó sobre este asunto, «que es precisamente la señora Baldó quien no ha encontrado las soluciones más idóneas para este centro» y le ha recordado que «durante su gestión firmó un alquiler de un año, con una prórroga firmada por otro más en febrero de 2022 de una ‘casita’ en Hurchillo que no ha servido de nada, ya que la Generalitat le había avisado de que no cumplía con las características necesarias para albergar la residencia por razones técnicas de habitabilidad y seguridad y que va a costar más de 72.000 euros».
María García ha anunciado que desde alcaldía se “ha dado la orden a contratación para resolver este contrato en el que habrá que llegar a un acuerdo con el propietario pero que entendemos que no se puede sostener en el tiempo” y afirma que “habrá que estudiar y pedir explicaciones de todas las intervenciones, a través de donaciones o de contrataciones y facturas que se han pagado, para remodelar un inmueble de propiedad privada pero que ya tiene algunas modificaciones hechas en baños, paredes, realizadas por el PP y siendo la Sra. Baldó la responsable. Que explique qué va a pasar con el dinero que se ha invertido en un inmueble que ella misma sabía que no iba a servir para nada”.