Las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante, LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), con el apoyo de las Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, han establecido un plan de acción conjunto para denunciar la crítica situación que sufre el sector agrario y reivindicar medidas a todas las administraciones.
Esta unidad de acción ha fijado una primera fase de movilizaciones en la provincia de Alicante (12 de febrero), el puerto de Castellón (15 de febrero) y el puerto de Valencia (22 de febrero). En función de las reacciones de las distintas administraciones, las entidades agrarias no descartan prolongar este calendario de acciones reivindicativas, que también se están produciendo en otras comunidades autónomas de España, en otros países europeos e incluso en Bruselas o en Estrasburgo, como está previsto próximamente. Paralelamente, el sector solicita mantener reuniones para trasladar sus demandas con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y los subdelegados del Gobierno de la Comunitat Valenciana, por un lado, y con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y los consellers de Agricultura, José Luis Aguirre, y de Medio Ambiente, Salomé Pradas, por otra.
Las organizaciones agrarias y cooperativas valencianas alertan de que la crisis de rentabilidad de los agricultores y ganaderos está acelerando el abandono de campos, que provoca el despoblamiento del medio rural y el encarecimiento de los alimentos a los consumidores.
Las principales reivindicaciones del sector agrario son: reorientar las políticas europeas priorizando la agricultura europea y flexibilizando el Pacto Verde Europeo; reciprocidad en todos los nuevos acuerdos comerciales de la UE con terceros países, así como revisión y estudio de impacto de los acuerdos en vigor; reducción de la burocracia derivada de las políticas agrarias, especialmente a las pequeñas explotaciones; flexibilización del cuaderno digital de explotación; mayor control fitosanitario de las producciones procedentes de países terceros; medidas de apoyo a la adaptación de los cultivos al cambio climático; evitar la reducción de sustancias activas fitosanitarias mientras no existan alternativas eficaces probadas; cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas; plan de choque para aliviar la escalada de los costes de producción; política y planificación hidrológica, soluciones al problema de falta de ayudas para paliar la sequía; pedir al Ministerio y ENESA cambios estructurales en los seguros agrarios como herramienta básica de renta, etc.