“Quizá la obra educativa que más urge en el mundo sea la de convencer a los pueblos de que su mayores enemigos son los hombres que les prometen imposibles” Ramiro de Maeztu
En ocasiones prometer imposibles puede ser tan irresponsable como no comprometerse a nada o tan indecente como faltar a la verdad. En política suele ocurrir que asistamos a una combinación de las tres actitudes. Y éste será el caso paradigmático de la Ministra de Educación, Isabel Celaá, en esta legislatura: ha prometido imposibles, no se ha comprometido a nada y ha faltado a la verdad de forma reiterada.
Con el fin de hacer un retrato perfecto de la Sra. Ministra en su acción de gobierno, a la actitud anteriormente explicada habría que sumarle conceptos como: caos, desinformación, insensibilidad, desorden, afán compulsivo por la propaganda, capacidad innata para meterse en líos, recular sin fin y vivir en una realidad paralela.
Analizando estos meses con detenimiento así como la gestión del Ministerio de Educación en su forma de hacer frente a las consecuencias de la pandemia, mi reflexión, como profesor de ESO y Bachillerato, concluye que la Sra. Celaá va camino de convertirse en la peor ministra de educación de la historia de España: desde Moyano y Alonso Martínez en 1856 (pleno Bienio Progresista) hasta la actualidad.
Durante el estado de alarma y días posteriores a su finalización, hemos leído declaraciones de la Sra. Ministra que nos han llenado a todos de perplejidad por sus contradicciones. Afirmaciones tales como “Celaá dice que sólo la mitad de alumnos volverán al colegio en septiembre si no hay vacuna” el pasado 5 de mayo para, un mes después otro medio recoger que “la Ministra afirma que habrá 20 alumnos por aula y sin mascarilla y sin distancias hasta 4 de primaria” o “Educación asegura que todos los alumnos podrán volver a las aulas con el comienzo del curso escolar” han llenado a la comunidad educativa de una profunda preocupación e incertidumbre.
Pero sin duda la cita literal que mejor explica cómo la Sra. Celaa afrontó el inicio del próximo fue “arreglémonos como podamos”, o lo que es lo mismo, para que nos entendamos, “Que Dios nos pille confesados”. La propia Ministra fue capaz de sintetizar su desastre completo en esta afirmación.
Otras declaraciones son, simplemente, mentira. Permítanme el ejemplo (uno de tantos): el pasado 4 de mayo en entrevista a 20 minutos la Ministra afirmó que las becas “saldrán en tiempo y forma», que todavía “se estaba evaluando si era posible económicamente llevar a cabo un aumento” pero asegurando, a continuación, “que los afectados por el COVID quedarán bien protegidos por el sistema de becas”. La realidad es que a día no hay preparado ningún plan de becas adaptado para las familias afectadas por el COVID 19 ya que éstas se conceden en función de la renta de 2019 y no de 2020.
La nueva ley educativa, denominada LOMLOE, prosigue su tramitación en Cortes con el rechazo de las formaciones que, en suma, representan a casi el 50 % del conjunto de los españoles: PP, Vox y Ciudadanos. Una ley que nace fracasada puesto que no es fruto de la más mínima voluntad de consenso.
Consideramos que es una Ley contra la LIBERTAD de los padres a elegir modelo educativo, centro, lengua vehicular, etc.
Quisiera exponerles algunas de las razones por las que consideramos que esta ley es un despropósito que no podemos apoyar. Aquí es necesario recordar que la Educación y su regulación es una competencia que “pertenece” al conjunto del pueblo español. La obligación de garantizarla y derecho de las personas a recibirla emana de la propia Soberanía Nacional, aunque su gestión se encuentre transferida a las CCAA como consecuencia de la aplicación del margen que permite la Constitución Española. La LOMLOE niega todo lo anterior. Profundiza en el desmantelamiento, aún más intenso, del Ministerio Nacional de Educación.
Consideramos que es una Ley contra la LIBERTAD de los padres a elegir modelo educativo, centro, lengua vehicular, etc. Afrenta, pues, al artículo 27 de la Constitución. Además es una ley contra la educación concertada pese a ser ésta resultado de la Ley educativa de 1985: el concierto educativo fue promovido por el PSOE en su momento, cosa que olvida y elude el actual sanchismo al exhibir su ataque a la educación concertada. De este modo la ley elimina el concepto “demanda social” en cuanto a la elección de centro educativo.
Junto a todo esto, la LOMLOE contradice la propia estabilidad legislativa. De 1855 (Ley Moyano) a 1970 sólo una ley educativa (salvo algunos decretos como los de Romanones, otras medidas de la II República y decretos de 1945). Por contra, de 1970 a 2020 siete leyes.
Uno de los aspectos más llamativos es que la nueva ley establece el derecho a la “educación pública”. Pero no existe tal cosa sino el derecho a la educación sin adjetivos. La ley elude que la educación concertada también es pública, si bien de gestión privada y que su creación emana del propio artículo 27 de la Constitución antes citado. Y es que el PSOE actual no ha tratado de esconder su ataque a la educación concertada y por eso se establece la distribución de los alumnos por parte sólo de la adminitración con el objetivo asfixiar a los centros conertados, amparándose en la no segregación por causa socio-económica y exaltando un “igualitarismo” de raíz marxista.
En la Ley Celaá aparece una nueva asignatura de educación en valores cívicos y éticos que será una nueva y actualizada Educación para la Ciudadanía con una profunda carga ideológica. Además, la ley insiste en el concepto “derechos de la infancia” para contraponerlo, sutilmente, a la patria potestad. Y ya sabemos aquello de que los “hijos no pertenecen a los padres”en palabras de la Sra. Celaá.
Por si lo expuesto no fuera suficiente para sostener nuestra oposición, la ley busca eliminar los centros de educación especial en tanto que promueve la “integración” utópica de los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios.
En conclusión: ni el actual PSOE ni la Sra. Ministra creen en el Ministerio Nacional de Educación. No creen en su sentido, ni en su naturaleza, ni en su necesidad. El PSOE no cree en la educación nacional y descentralizada que consagra la Constitución como un modelo de modelos que nos hace iguales a todos y nos brinda las misma oportunidades a todos; un modelo educativo que construya esta casa común, esta Patria común de todos llamada España. Frente a eso, la ley busca ensalzar aún más lo particular para diluir todo lo que nos une; transgredir sin rubor el derecho constitucional que asiste a los padres a optar por una educación en libertad para sus hijos. El grave problema es que ya sabemos cómo terminan esos experimentos.
Pablo Ruz Villanueva
Senador por la Provincia de Alicante.
Portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Educación y FP en el Senado.
Profesor de Geografía e Historia para ESO y Bach.