El Ayuntamiento de Bigastro ha impulsado en los últimos 8 años las medidas que se han propuesto desde la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias – FEMP – para los municipios en riesgo financiero, con resultados que han aliviado las arcas municipales de estos municipios, pero que no han sido suficientes para garantizar su viabilidad financiera a largo plazo. “Desde 2022, se ha producido un cambio en la política de la FEMP y se ha abandonado a estos municipios con resultados que perjudican a una parte de la población española, especialmente a la que vivimos en municipios de menos de 20.000 habitantes”, así ha comenzado explicando Teresa Belmonte, alcaldesa de Bigastro, el proceso llevado a cabo para aliviar la situación financiera del municipio.
Belmonte ha manifestado que “ante inacción la FEMP, gobernada por el PSOE, ante las reiteradas peticiones del Ayuntamiento de Bigastro a la Comisión de Haciendas Locales, para proponer medidas adecuadas al Gobierno de España que resuelvan definitivamente el problema de la deuda de los municipios y sobre todo de los más pequeños, ha elaborado un informe con una propuesta de medidas dirigidas a restablecer la hacienda local de los ayuntamientos con sostenibilidad comprometida y garantizar su viabilidad”.
El informe revela que son 136 ayuntamientos, sin considerar los ubicados en la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, los que se encuentran con una hacienda local muy comprometida. En este sentido, la AIReF, ya en diciembre de 2017, puso de manifiesto que muchas de ellas sufrían de un “problema estructural y agudo de sostenibilidad de sus finanzas”. Ante esos casos, la AIReF recomendó que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convocara y liderara una “comisión de expertos, para analizar las causas por las cuales estos ayuntamientos tienen problemas de sostenibilidad y proponer las soluciones más adecuadas”.
La alcaldesa de Bigastro ha manifestado que “las recomendaciones de la AIReF y lo previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF) de mantener el déficit del conjunto de las administraciones públicas por debajo del 110% de su presupuesto, han sido desoídas por el Gobierno de España, y no se han desarrollado las medidas necesarias, de forma que los ayuntamientos con una sostenibilidad económica muy comprometida no encuentran vías de saneamiento”.
La deuda supera el límite del 110 %
Por este motivo, el Ayuntamiento de Bigastro ha elaborado un informe que cuantifica el importe total de la deuda que supera ese límite del 110% y ha diseñado una propuesta para ayudar a los ayuntamientos a cumplir con sus obligaciones fiscales y garantizar su viabilidad futura.
Del estudio se confirma que el volumen total de exceso de deuda es de 2.806.868.754,93 €, y que los ayuntamientos de hasta 20.000 habitantes acumulan únicamente el 14% del exceso de la deuda, cuando representan el 83% de los ayuntamientos afectados.
El exceso de la deuda del Ayuntamiento de Bigastro (9.564.081,76€) supone el 0,34% del total. Y los municipios del menos de 20.000 habitantes agrupan el 13,60% del total, es decir a penas 382 millones.
Desde el año 2018, el Ayuntamiento de Bigastro cumple con todos los parámetros que establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Según palabras de la alcaldesa “el Ayuntamiento de Bigastro cumple desde el año 2018 con todos los parámetros que establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF). Paga sus facturas en menos de 11 días y no gasta más de lo que ingresa. Además ha renegociado su deuda por debajo del 50% de las obligaciones que les exigían las entidades financieras por préstamos en mora durante décadas, y las sentencias judiciales por impago de facturas y convenios urbanísticos irregulares procedentes de la etapa socialista. Más de 32 millones de euros se cuantificaron en una auditoría externa encargada en el año 2011 en el que el Partido Popular accedió al gobierno municipal por primera vez desde la democracia. A día de hoy esa deuda se ha renegociado con éxito y su volumen está por debajo de los 15,6 millones de euros”.
Las cuentas están en orden y se ha instaurado un sistema de trabajo que garantiza la viabilidad del día a día de este ayuntamiento, sin morosidad y con responsabilidad en la gestión, y se han generado más de 10 millones de euros en ahorro que ha permitido pasar de unas pérdidas de casi 8 millones en 2015 a unos beneficios de más de 2 millones en la liquidación del ejercicio 2022.
Pero a pesar de ello, según Belmonte “su deuda es del 284,4% de su presupuesto de ingresos corrientes, y su vencimiento a 20 años hace imposible el pago de las cuotas anuales en los próximos años. Esto ha provocado que el Ayuntamiento de Bigastro y la mayoría de los que se encuentran en una situación similar de riesgo financiero, no hayan podido aprobar un presupuesto para el año 2023. Por este motivo, el Ayuntamiento ha impulsado esta medida que ha presentado a la Comisión de Hacienda del Senado a través del Grupo Popular, para exigir al Gobierno de España que cumpla con que la Ley de Estabilidad obliga, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, recomienda”.
La propuesta plantea que el Gobierno subvencione el equilibrio presupuestario de las entidades afectadas
La propuesta sugiere que el Gobierno, anualmente, subvencione el equilibrio presupuestario de las entidades afectadas. En este sentido, se propone que dicho equilibrio se obtenga igualando las subvenciones el importe de las amortizaciones a las que tienen que hacer frente las entidades locales identificadas, priorizando a aquellas de hasta 20.000 habitantes, por los motivos anteriormente justificados.
Los ayuntamientos en riesgo financiero serían beneficiarios de las subvenciones de equilibrio hasta el ejercicio en el que amortizara todo el exceso de deuda, es decir, hasta que esta se sitúe en el 110% de los ingresos corrientes. Para Belmonte, “el fin último de las subvenciones es contribuir a equilibrar los presupuestos de los ayuntamientos hasta el momento en el que su nivel de deuda se sitúe en el máximo legal. Durante el período en el que se perciben las ayudas económicas, las entidades locales desarrollarán los trabajos necesarios para que dicho equilibrio se convierta en permanente y se refuerce en el tiempo. En el marco anterior, las subvenciones deberían desarrollarse en un marco en que se establezcan las condiciones de solvencia que se deben cumplir por parte de aquellas, con el fin de que también sean corresponsables en el proceso de saneamiento. Se entiende que, para que el plan de saneamiento sea efectivo, deberán ser unas condiciones exigentes y, al mismo tiempo, alcanzables”.
La alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, ha mostrado su satisfacción ante el compromiso mostrado por los senadores de su grupo político de impulsar esta propuesta al actual Gobierno de España para atajar el riesgo financiero de administraciones como Bigastro, y muestra su convencimiento de que “a partir de finales de año, con el cambio en el gobierno de la nación con un Gobierno del PP, será una realidad que los ayuntamientos que se han esforzado en aplicar la racionalidad a su gestión, como lo es el Ayuntamiento de Bigastro, y que todavía se encuentran en riesgo financiero, tengan una solución definitiva a su problema y se garantice su viabilidad futura y la calidad de vida de sus vecinos”.