OPINIÓN. En Orihuela hay una necesidad acuciante de vivienda social. Los sucesivos gobiernos no han hecho nada al respecto, a pesar de que desde la Conselleria de Vivienda se han ofrecido a los Ayuntamientos cantidad de subvenciones para compra y rehabilitación y herramientas legales para adquirir vivienda y ofrecerla en régimen de alquiler social.
En 2020 el Consell aprobó un decreto que permitía a los ayuntamientos utilizar el mecanismo de tanteo y retracto para adquirir vivienda de manera preferente a precios asequibles. Y así, al aumentar la oferta, se reducirían los precios del alquiler privado en el municipio.
No debemos perder de vista la idea de que cualquiera, en algún momento de su vida, puede llegar a verse en la necesidad de acceder a una vivienda pública o de alquiler social. No podemos dejar que la solución recaiga en el entorno familiar, pues muchas veces se dan contextos de violencia o condiciones que no permiten o dificultan la convivencia.
Hasta la fecha, las prioridades son las de la especulación con la vivienda, a través de un modelo urbanístico que solo beneficia a quienes más poseen. El pasado julio, en un ejercicio de cinismo e irresponsabilidad de grandes dimensiones, la alcaldesa Carolina Gracia y el concejal de urbanismo, José Aix, se comprometieron a solicitar las ayudas para la compra y rehabilitación que ofrecía la Conselleria de Vivienda. En octubre, cuando finalizó el plazo, constatamos que no habían tramitado la solicitud. De nuevo habían faltado a su palabra, y lo más grave, habían dejado perder una oportunidad para garantizar el derecho a la vivienda digna a muchas familias.
Mañana, en uno de los últimos plenos de esta legislatura, nuestro grupo volverá a poner sobre la mesa la posibilidad de que el Ayuntamiento de Orihuela se comprometa a poner en marcha políticas habitacionales, esta vez a través del tanteo y retracto. Para que este municipio pueda empezar a dar pasos, de una vez, hacia políticas de vivienda digna para sus vecinas y vecinos.