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Antifraude requiere a Orihuela control ante la proliferación de vallas publicitarias

Constan más de 50 vallas y más de 90 elementos publicitarios sólo en la N332 a su paso por Orihuela

La Agencia Valenciana Antifraude investiga al Ayuntamiento de Orihuela por presuntas irregularidades urbanísticas, en concreto, en relación con la continua instalación y colocación de postes y vallas publicitarias en el entorno de la N-332 en Orihuela Costa.

Los hechos se remontan a una alerta anónima recibida a través del buzón de denuncias de la Agencia Valenciana Antifraude el 10 de enero de 2022.

La Agencia comprobó la existencia de indicios razonables de veracidad de los hechos e inició la investigación en diciembre de 2023 y se solicitó al Ayuntamiento información y documentación que en el plazo requerido no envió en su totalidad.

Tras el periodo de alegaciones y nueva aportación de archivos requeridos, la Agencia emitió un informe final en que señala que “se observan muchos más elementos publicitarios que expedientes de restauración de la legalidad urbanística aportados por el Ayuntamiento y constan más de 50 ubicaciones de elementos de vallado en distintas ubicaciones y más de 90 elementos publicitarios distintos sólo en la N332 a su paso por Orihuela”.

El informe añade que, en el resto del término municipal, también “se han observado la proliferación de soportes publicitarios, sobre todo en vías de comunicación vial con mayor tráfico, y que la instalación de dichos soportes publicitarios se ha realizado en toda clase de suelos”.

Por tanto, la Agencia Valenciana Antifraude recomienda al Ayuntamiento de Orihuela “el inicio de un procedimiento de impulso y supervisión de la restauración de la legalidad urbanística infringida de la totalidad de los elementos publicitarios existentes en su término municipal, priorizando el entorno de la carretera N-332, para imponer, en su caso, nuevas medidas correctoras a los expedientes ya abiertos, y para el inicio de los expedientes no abiertos en la actualidad, hasta la adecuada restauración de la legalidad y finalización como proceda de todos”.

La Agencia concede al ayuntamiento un plazo de tres meses para “informar al director de la Agencia sobre el inicio de las actuaciones recomendadas; o, en su caso, sobre los motivos que pudieran impedir actuar de acuerdo con tales recomendaciones”.

En todo caso, en el plazo de seis meses de iniciarse los correspondientes procedimientos, deberá comunicarse a la Agencia el estado de la tramitación del expediente o expedientes oportunos.

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