De vuelta con los toros, porque las críticas de Cambiemos Orihuela hacia el proyecto en el que Vox, en el equipo de gobierno del Ayuntamiento, avanza para la recuperación de festejos taurinos en la ciudad ha generado reacciones en la “Peña taurina oriolana José María Manzanares (hijo)” y la “Asociación de aficionados taurinos prácticos de Orihuela” que cuentan con más de 300 socios y dos décadas de historia.
El colectivo se pregunta si podrían volver a celebrarse corridas de toros en Orihuela y, según se desprende de una carta abierta que han difundido, la respuesta es sí amparándose en dos leyes: la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
La legislación señala así que “el objeto es delimitar la Tauromaquia como parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional. Esto trae como consecuencia, en un marco de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas, un deber general de protección y, a su vez, unas medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración General del Estado”.
Por tanto, en ese deber de protección de los poderes públicos, el colectivo taurino entiende que está el Ayuntamiento de Orihuela. Asimismo, desde la peña y asociación hacen hincapié en que “ningún partido político tiene competencias para declararse contrario a los espectáculos taurinos y para cuestionar los rasgos jurídicos que definen la tauromaquia como bien de interés cultural”.
El colectivo taurino recuerda otro asunto, a tener en cuenta en este sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que declaró nula la moción aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Orihuela en octubre de 2015 en la que se declaraba el rechazo a las corridas de toros en el municipio alegando “invasión de competencias estatales”. Además, el TSJ condenó al consistorio a pagar 3.000 euros por las costas judiciales.
Aquella moción fue impulsada por Cambiemos y tras su aprobación con los votos de los concejales de esta formación, PSOE y Ciudadanos declaraba a Orihuela como municipio “garante de protección animal” y contrario a las corridas de toros, así como a cualquier otro tipo de festejo taurino.
El Ayuntamiento acató la resolución judicial que daba la razón al PP en cuanto a la posición de voto en contra de la moción sobre la que alegaron que obedecía al ámbito de regulación estatal y el pleno no era lugar para ese debate.